Mediciones internacionales revelan que en combate a la corrupción en Panamá no está bien calificada
El mayor de los retos que deberá enfrentar la nueva de José Raúl Mulino, será trabajar en diversas estrategias para recuperar la confianza, mejorar las prácticas de transparencia y de rendición de cuentas, considerando que las malas prácticas ya han pasado varias facturas, informó TVN Noticias.
Eso incluye la certeza del castigo, la independencia judicial, el Estado de derecho y las instituciones de control, como piezas claves para que la nueva administración pueda manejar la corrupción y rendición de cuentas de forma más eficaz.
TVN Noticias hizo un análisis del rol clave que desempeñará la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), para restablecer la confianza en la gestión institucional y mejorar la percepción de la ciudadanía, luego de los bajos resultados obtenidos en mediciones internacionales.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2023, Panamá obtuvo 35 puntos de 100, cuando la media de la región es de 43. Después, Fitch Rating rebajó la calificación de riesgo por diversos problemas entre ellos los de gobernanza y de corrupción.
En teoría, la ANTAI debe ser un referente en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, sin embargo, hasta ahora, ha jugado un rol mixto debido a su falta de independencia, dijo Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.
Explicó que la entidad, por un lado, debe fiscalizar a las instituciones. Pero, por el otro, también resguarda las declaraciones de conflicto de interés de los funcionarios.
“Para que sea efectiva, tiene que tener a una persona a la cabeza que pueda actuar con total independencia, porque de alguna u otra forma es un ente de control”, afirmó.
Explicó que, en sus inicios, la ANTAI tenía un nombramiento cruzado. Es decir, el personal designado entraba y salía a mitad de cada administración, con lo cual se presumía que no iba a tener tanto contacto con el Ejecutivo. Sin embargo, esa norma fue reformada en los inicios de la actual administración en el 2014.