Tribunal afirma que detención se dio para evitar la fuga del procesado y en cumplimiento de órdenes de arresto
La justicia ecuatoriana revocó el fallo que declaró ilegal la captura del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas en la embajada de México y negó un hábeas corpus que solicitaba su liberación inmediata, informó la agencia de noticias EFE.
La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia consideró que el arresto del exvicepresidente de Rafael Correa el 5 de abril pasado fue “legal, legítima y no es arbitraria”.
La sentencia acogió los argumentos del gobierno, que sostiene que el ingreso sin permiso en la embajada de México en Quito buscaba evitar la fuga de un procesado sobre el que pesaba una orden de captura y que tenía aún condenas vigentes.
La nueva sentencia ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, la agencia penitenciaria del Estado, que garantice y tutele los derechos de Glas, “en especial el derecho a la vida, a la salud e integridad, en consideración al contexto penitenciario actual”.
El exvicepresidente correista rechaza los cargos en su contra y se declara un perseguido político, ingresó a la sede diplomática de México el 17 de diciembre de 2023 para solicitar asilo, cuando la Fiscalía se disponía a procesarlo por presunto peculado en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016.
Glas, fue uno de los hombres fuertes del gobierno de Correa entre 2007 a 2017, años que ocupó el cargo de vicepresidente, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno, hasta que comenzaron las investigaciones en su contra.
“Entre gallos y medianoche notifican este disparate ¿Habrá todavía alguna reserva moral en la patria?”, señaló Correa al conocer el fallo.
“Nunca notificaron la composición del tribunal de apelación, jamás abocaron conocimiento. Ni siquiera se dignaron en mencionar a quiénes presentaron los amicus curiae”, añadió el exmandatario.
Glas se mantiene detenido en una cárcel ecuatoriana cumpliendo una pena de ocho años por cohecho y asociación ilícita en casos de corrupción.