Su presidente puso en conocimiento la semana de la Fiscalía hechos considerados “irregulares”
La Fiscalía colombiana se encuentra investigando la posible intervención a las comunicaciones de un magistrado titular de la Corte Constitucional y a varios auxiliares para determinar si hay un caso de espionaje y desde donde proviene, informó la agencia EFE.
“La fiscal general, Luz Adriana Camargo, manifestó que iba a hacer una evaluación para ver si había investigación”, explicó el magistrado de la alta corte Jorge Enrique Ibañez en una rueda de prensa.
Ibañez confirmó que fue citado para ampliar la información que el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, le transmitió a la fiscal la pasada semana haciendo de su conocimiento unos hechos considerados “irregulares”.
“La investigación en curso es reservada y es obligación de los funcionarios de investigación y mía guardar reserva”, apuntó el magistrado, quien explicó que no se considera “víctima” y no ha formulado “ninguna denuncia penal” ni va a ser parte “de ningún proceso judicial”.
El presidente de la Corte Constitucional aseguró ante la Fiscalía la presunta interceptación de teléfonos de magistrados de la Corte, una denuncia a la que también se sumó el martes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que recordó a los espionajes que sucedieron en el pasado durante la presidencia de Álvaro Uribe , lo que derivó en un escándalo con condenas a algunos de los responsables.
Según detalló el magistrado Ibañez, estas “situaciones irregulares”, que incluyen una posible intervención de sus comunicaciones y que también se han extendido a su esposa y a tres de sus cuatro magistrados auxiliares, se producen “desde hace un tiempo” y comenzaron a notarlas al final del año pasado, aunque se “han intensificado este año, sobre todo en los últimos dos meses”.
De momento, el magistrado no tiene “información concreta sino indicios”, que son los que ha puesto en conocimiento del presidente de la Corte, quien a su vez los transmitió a la fiscal, y se mostró tranquilo al ver que “el aparato jurisdiccional” se está moviendo rápido para investigar estos indicios.
Además, el magistrado se mostró firme en decir que las intervenciones no cree que vengan del Gobierno y tampoco quiso hacer señalamientos, solo se limitó a recordar que las agencias de inteligencia -ya sean del gobierno, militares o policiales- deben “ejercer sus funciones en los términos que la ley les señale”.
El mandatario Gustavo Petro ya desmintió el lunes el espionaje desde sus filas asegurando que “desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes”.