Piden que se investiguen faltas administrativas, posible peculado y asociación ilícita entre Noriel Araúz y la empresa Mesolju
Una denuncia por posibles delitos contra la administración pública producto de la desaparición física de una estructura portuaria estatal fue presentada contra el administrador de la AMP, Noriel Araúz, informó el diario Panamá América.
El recurso judicial fue interpuesto por el abogado Ramsés Paulette producto del presunto hurto de un pontón flotante con su respectiva pasarela de aluminio y accesorios. Hasta el 4 de noviembre de 2020, la infraestructura se encontraba en funcionamiento en el atracadero de Isla Taboga por un valor de $371,403.
El jurista lo acusa de utilizar la discrecionalidad de la emergencia sanitaria por Covid-19 para contratar a una empresa de forma directa para que suministrará el reemplazo del mismo por daños. Sin embargo, aseguró que la contratación se hizo al doble del costo de la anterior.
Explicó que en mayo de 2019 la AMP recibió a satisfacción la obra Estudio, diseño y construcción para la adecuación del muelle 00 existente de Taboga provincia de Panamá, ejecutada por el Consorcio Thm Consulting, S. A. por el monto de $624,953.30.
Precisó que dentro de este contrato se hizo el suministro e instalación de un pontón, refrendado por la Contraloría Genreal de la República a un costo de $371,403, los cuales no fueron pagados a la referida empresa.
Posteriormente, señaló que a pesar de ese incumplimiento de pago, la AMP convocó bajo procedimiento excepcional el contrato para la reparación de este pontón para el atraque de lancha, contrato que se le otorgó a la empresa Mejolsus Marine, por un monto de $975,253.
Acto seguido, Consorcio Thm – Consulting presentó una demanda contenciosa administrativa la cual fue admitida, debido al incumplimiento de pagó de una obra pública adjudicada.
A pesar de que la AMP fue notificada de esta demanda, decidió continuar con la licitación para la reparación de ese pontón.
El denunciante resaltó que a Mesolju, dentro del pago que se le hizo por casi un millón, se le contempló un pagó para el diseño y construcción del pontón, lo que, según el jurista, confirma la supuesta teoría de una multiplicación de materia.
Ante esto, el denunciante pide que se investigue un posible desgreño administrativo, peculado y la posible asociación ilícita entre el contratista Mesolju con Araúz.
“En este sentido no debe descartarse en las investigaciones que se realicen la posibilidad que fueran utilizados los mismos bienes hurtados para revenderlos al Estado Panameño mediante un maquillaje, ocasionando una lesión al patrimonio público por la suma de $1,346,000”, añadió.