ANTAI continúa con las inspecciones ante señalamientos de presuntas irregularidades
A doce días de que las autoridades tomaron posesión de sus cargos siguen ventilándose presuntos malos manejos e irregularidades en juntas comunales, municipios, Asamblea Nacional y ministerios, informó el diario Panamá América
En la comuna de San Miguelito, la alcaldesa Irma Hernández expuso nombramientos cashback y planillas abultadas. Allí, se encontró que hay información que no se encuentra físicamente, mientras que el oficial de información no acudía a laborar de manera regular.
En tanto, la comuna capitalina no escapa a los nombramientos a cambio de devolver parte del salario a un padrino político, informó el alcalde Mayer Mizrachi.
Esos señalamientos motivaron a los abogados José Antonio Moncada y Heraclio Bustamante a interponer ante las Fiscalías Anticorrupción, una denuncia penal para que se investigue la situación.
En Colón, el alcalde Diógenes Galván informó sobre la desaparición de 10 vehículos de este municipio, por lo que pidió explicaciones.
View this post on Instagram
El Ministerio Público, además, informó que ha comenzado al menos tres investigaciones, una de ellas en el municipio de Panamá, y las otras en la alcaldía de Calobre y la junta comunal de San Francisco.
En esta última, la representante Serena Vamvas presentó la denuncia penal por los presuntos delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, la administración pública y el patrimonio económico.
En la Asamblea, en tanto, las destituciones de las supuestas botellas ya alcanzan a 300 funcionarios, informó su presidenta, Dana Castañeda.
Por su parte la ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que revisando los documentos, su equipo halló cuentas por pagar, correspondientes a empresas que recogieron la basura en las escuelas durante la pandemia.
“Tú dices, espérate, en la pandemia las escuelas estaban cerradas. También para esa época hubo traslados de profesores en helicóptero a unos precios sorprendentes”, puntualizó.
Además lamentó que se hayan dado más de 7,000 movimientos de personal en el Ministerio de Educación, mientras miles de docentes siguen sin cobrar.
“En la dirección regional de Veraguas desaparecieron los movimientos de los últimos meses, de personal administrativo, piensan que no nos vamos a enterar”, mencionó.
Molinar indicó que interponer procesos ante la justicia no siempre es tan fácil debido a que algunas acciones son incorrectas, pero no ilegales.
“No sé el número de botellas porque no hemos terminado de sacarlo. Encontramos que con un fondo internacional para administrar un préstamo y otros recursos habían 33 personas que ganaban entre 4,000 y 5,000 dólares. Hemos vivido 10 años de una injerencia política, de ver la educación como un botín”, añadió.