La mayoría están relacionadas a temas mineros, en especial al cierre de la mina de Donoso
Unos $57,000 millones en demandas de arbitraje enfrenta el Estado panameño, la mayoría ligadas proyectos de minería desarrollados en el istmo, expuso Damien Nyer, socio y jefe regional de la sección de arbitraje internacional de las Américas de White & Case LLP, en Nueva York, informó el diario Panamá América.
Entre ellas, destaca la compañía First Quantum que exige una indemnización por el orden de los $30,000 millones. El recurso fue presentado ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia.
La compañía que cerró operaciones a finales de noviembre tras el fallo que declaró inconstitucional el contrato suscrito con el Estado panameño, también amenaza con recurrir a otro arbitraje por $20,000 millones en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Panamá.
Otros inversores extranjeros afectados por la cancelación del contrato han seguido su ejemplo, como la empresa canadiense enfocada en acuerdos de producción futura y regalías, Franco-Nevada, que exige $5,000 millones en compensación, también en el marco del TLC entre Canadá y Panamá.
Mientras que la minera estatal surcoreana Komir solicita $2,000 millones por su participación del 10% en la mina, en un arbitraje bajo el TLC de Panamá y Corea del Sur. Además, el proveedor de maquinaria Liebherr reclama $133 millones bajo el acuerdo bilateral de inversión entre Francia y Panamá.
Petaquilla Minerals presentó un recurso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en mayo, también en el marco del TLC de Canadá y Panamá, para solicitar $2,800 millones por la cancelación de su concesión del proyecto aurífero Molejón.
Otro productor canadiense de oro, Orla Mining Ltd., anunció que había iniciado un proceso de arbitraje contra Panamá tras el rechazo del permiso de explotación para la mina aurífera Cerro Quema, solicitando una indemnización de al menos $400 millones.
Panamá enfrenta asimismo demandas de arbitraje multimillonarias ante el CIADI, interpuestas por las contratistas de construcción WeBuild y Sacyr en relación con trabajos para la ampliación del Canal.
El CIADI reporta además casos de los inversionistas extranjeros Banesco, Grupo IBT, Campos de Pesé y Dominion Minerals.