El punto principal es la falta de pago a la CSS de cuotas retenidas a los empleados
La diputada independiente, Alexandra Brenes, presentó un anteproyecto de ley que busca que se sancione con penas de tres a cinco años de cárcel a funcionarios que retengan y no remitan las cuotas empleado-empleador a la Caja de Seguro Social (CSS), informó el diario La Estrella.
Actualmente, el Código Penal sólo sanciona con esta práctica, a los empleadores de empresas privadas con penas de dos a cuatro años de cárcel, por lo que con la propuesta se amplía la aplicación de las sanciones penales a funcionarios de altos rangos o sujetos obligados a retener estos pagos y remitirlos a la CSS.
La propuesta surge luego de que diversas autoridades locales electas tanto en Juntas Comunales como en las Alcaldías, denunciaran que sus antecesores dejaron de pagar a la CSS montos millonarios en cuotas que le fueron retenidas a sus colaboradores, algo que según Brenes afecta el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS.
Brenes manifestó que en Panamá, la situación del IVM requiere de mucha atención, ya que para el 2024 la liquidez actual de la CSS debe hacerle frente a 333,756 pensionados y jubilados, por una suma de al menos $2,356 millones de enero a diciembre de 2024.
Detalló que de ese total se estima que la recaudación estimada es de apenas el 46%, con $1,076 millones y que además, se estima que la proyección de pensiones por pagar hasta el 2030 llegue a los $14,090 millones, con una recaudación estimada del 36%; es decir, unos $9,485.53 millones.
“Estos números de recaudación estimada son sin duda alarmantes y no representan una proporción suficiente para la auto sostenibilidad del programa”, aseveró.
Agregó que al hacer un análisis de estas proyecciones estimadas, la CSS asegura tener al menos 20,669 empleadores del sector privado en morosidad y 128 empleadores del sector estatal en morosidad a junio de 2023.
De estos montos se conoce que al menos $20.3 millones provienen de morosidad del gobierno central, $16 millones de los municipios y juntas comunales y $351,000 a entidades descentralizadas.