Se busca que programas habitacionales incluyan las necesidades de servicios básicos requeridos por los habitantes
La nueva gestión del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) plantea frenar las invasiones de tierras, gestionar la construcción de viviendas con planificación y coordinar el ordenamiento con las instituciones respectivas, informó el diario Panamá América.
“Se busca que los programas de viviendas que se planifiquen incluyan las necesidades de servicios básicos requeridos por la población, como un punto principal para un mejor desarrollo”, dijo el ministro Jaime Jované.
El plan abarca la regularización de los asentamientos de vieja data que tienen ese trámite en proceso y los desarrollos con el programa Fondo Solidario de Vivienda, que otorga un aporte de $10,000 para el primer hogar.
Señaló que se está revisando con el Ministerio de Economía y Finanzas la disponibilidad de recurso para continuar este programa, donde tienen una deuda con promotores que ronda entre los $60 y $80 millones.
Enfatizó que han estado revisando para ver entre las posibilidades ponerle control a la cantidad de casas bajo el Fondo Solidario de Vivienda que se van a estar cubriendo por período fiscal, para poder que el Estado planifique las erogaciones que genera el desarrollo de este programa.
El ministro expuso que una de las iniciativas de esta gestión es un proyecto de ley para penalizar las invasiones tanto de terrenos privados como estatales.
Precisó que no solo buscan un ordenamiento territorial, que es la responsabilidad del Ministerio, sino que dentro de ese ordenamiento las instituciones que tienen que brindar servicio público encabecen las estrategias para atender las necesidades de los desarrollos urbanos.
“Eso le quita al Estado lo relacionado a estas protestas por no tener agua, energía eléctrica, recolección de basura, manejo de las aguas servidas, entre otras”, contó.
El titular del MIVIOT dijo que los terrenos invadidos generan una carga a las instituciones del Estado encargadas de suministrar los servicios públicos, por lo que la meta consiste en que cuando haya un área asignada para vivienda, el IDAAN tenga en el radar la planificación y los estudios, para que los proyectos se abastezcan de agua, y se atiendan también aspectos como electricidad y aguas servidas.
También informó que encontraron 15 proyectos de vivienda terminados con cuentas por pagar, totalizando aproximadamente $23 millones.
En temas administrativos, comunicó que a la salida de la pasada administración el 30 de junio, se contaba con una planilla total de 4,283 funcionarios, pero al 3 de julio quedó en 1,530, con una reducción de 2,753 personas, lo que genera una carga para cancelar las prestaciones laborales de estas personas.