Antes de 1968, los distritos eran gobernados por alcaldes, electos popularmente casi siempre y por los concejales, también producto de esa elección, pero sin ningún tipo de representación poblacional.
En el caso del distrito de Panamá era posible ver electos a cuatro o cinco residentes de Bellavista y a ninguno de Juan Díaz. Eran los sitios donde radicaba el poder político del distrito.
El llamado Poder Popular fue instaurado en la jerga política del país cuando en 1972, el proceso revolucionario militar creó la figura del representante de corregimiento, que reemplazaba la forma como se administraban antes los distritos, a través de los concejales electos en cada uno bajo la dirección del alcalde.
Esa idea de darles más poder a las comunidades de base estuvo plasmada en el plan de gobierno del pequeño Partido Demócrata Cristiano en 1968 y provenía de algunos países europeos.
Eran conscientes, después de la guerra, que sus países solo se levantarían de la hecatombe dándole más poder a las pequeñas y medianas empresas radicadas en las comunidades.
El representante tenía la dual función de ser también concejal. Algunos detractores de la dictadura señalaban que lo del poder popular había sido copiado de la revolución cubana.
Como todo, la figura del representante se transfiguró en ser el representante de la corrupción oficial al más bajo nivel y por eso hemos visto el afán de algunos parásitos de no desprenderse de esas lucrativas posiciones.
Por 52 años, desde 1972, hemos visto que la figura del representante de corregimiento se ha deteriorado de tal forma que, el nefasto resultado en la elección del 5 de mayo, la décima vez que se eligen desde 1972, refleja el hastío que había en la población.
En muchos corregimientos emblemáticos se han encontrado toda clase de delitos cometidos por los hasta ahora poderosos ediles y sus insaciables juntas comunales, cobijados por cómplices alcaldes y complacientes ministros de Economía.
En el caso del alcalde de Colón, a quien el MEF otorgó 28 vehículos decomisados para que los custodiara, dándoseles a varios parientes, el grado de complicidad se entiende que llega hasta el mismo ministro Alexander, responsable de lo que haga la Dirección de Bienes Aprehendidos de ese ministerio.
En los corregimientos remotos había que encontrar la casa más lujosa de la comunidad para saber quién era el representante del corregimiento.
Todo se prostituyó y de allí la gran cantidad representantes hoy investigados y encausados por la justicia, algunos condenados, pero ninguno en prisión.
El resurgir del llamado Poder Popular es sumamente positivo. Eso proporciona esperanza a las comunidades de los distritos y los corregimientos.
Lo palpa la gente en Colón, Panamá, San Miguelito, Arraiján y Chepo, por mencionar algunos. Los últimos cinco años fueron el acabose con esa institución convertida en botín político.
La gente votó por un presidente que, si lo hace bien o mal, será poco lo que le afecte. Sin embargo, ello es diferente con el representante de corregimiento, que es el funcionario con el que se topará casi a diario y es la voz que representa a la comunidad, ocurriendo casi lo mismo con el alcalde que se escoja.
La pirámide política del país ha estado desquiciada. En la cúspide, donde ha habido presidentes que solo responden a sus círculos íntimos de amigos, familiares y compinches políticos.
Seguidos por alcaldes que llegan a los cargos pensando como ascienden en esa pirámide, olvidándose del rol aglutinador que deben cumplir y representantes que, a cambio de prebendas, entregan su voto en los concejos municipales a los alcaldes que, como José Luis Fábrega, terminaron dándole la espalda a quienes lo eligieron.
Si me hubieran preguntado si el cambio sería tan rápido, por el grado de escepticismo existente, hubiera dicho que no. Enhorabuena que ha sido así, aunque ello no signifique que todo esté hecho. La corrupción y la ineficiencia en la gestión pública no es tan fácil de erradicar como pareciera. Será una labor permanente.
En la nueva repartición de responsabilidades dentro de la pirámide política del país, pareciera que todo se enrumba hacia ese necesario cambio en las estructuras del poder, donde el Ejecutivo, sus ministros y funcionarios, junto de la mano de los gobernadores –que ojalá pronto también sean electos por voto popular- y de los alcaldes y representantes de corregimientos, todos caminen por las mismas sendas del progreso y la seriedad en el manejo de los fondos públicos.