El presidente Mulino ha planteado la necesidad de reducir el tamaño del Estado.
Hasta ha encomendado al doctor Miguel Antonio Bernal llevar adelante esa innovadora tarea, necesaria en un país donde la burocracia ha crecido como la maleza, convirtiéndola –por el enorme tamaño alcanzado- en enemiga del servicio público eficiente y dinámico.
En 1904, al instaurarse el primer gobierno presidido por el doctor Manuel Amador Guerrero, el país contaba con las siguientes secretarías, posteriormente ministerios: Gobierno y Justicia, encargada de todo lo relacionado a la justicia, Instrucción Pública, de lo de la educación nacional, Relaciones Exteriores, Fomento y Hacienda y Tesoro. El ministerio de Guerra, heredado de Colombia, no duró mucho tiempo.
Con el correr del tiempo hemos multiplicados los despachos ministeriales, por ejemplo, dividiendo el de Comercio, Industrias y Agricultura, en dos, naciendo el MIDA (Desarrollo Agropecuario). Se dividió el ministerio de Previsión Social y Salud Pública en tres: Mitradel (Trabajo y Desarrollo Laboral); MINSA (Ministerio de Salud); y el MIDES (Desarrollo Social).
Con Pérez Balladares se fusionó el de Planificación y Política Económica con Hacienda y Tesoro, creándose el de Economía y Finanzas (MEF).
En el gobierno de Cortizo se crearon dos ministerios nuevos, el de Cultura, en el 2019, que reemplazo al Instituto Nacional de Cultura (INAC) y de la Mujer, en el 2023. Adicionalmente, adscrito al MEF, se creó el Instituto de Planificación para el Desarrollo, una especie de recreación del antiguo ministerio de Planificación y Política Económica.
El sistema político de 1972, que inició con 505 corregimientos, ya supera los más de 700 en el 2024, eso sin contar que se impidió, al final del gobierno de Cortizo, la creación de más corregimientos en Bocas del Toro al no cumplir con las exigencias legales,, violentados con aquellos creados en los dos últimos dos años por caprichos del diputado Benicio Robinson.
Tenemos 10 provincias y cinco comarcas indígenas. Cada vez los requerimientos de infraestructura pública crecen, provocando, en lugar de mayor efectividad, más burocracia y más lentitud en la prestación del servicio.
El nuevo ministro de Salud nuevamente plantea la necesidad de unificar el ministerio de Salud con el Seguro Social, a fin de evitar duplicidad de funciones en los servicios de salud a la población. Ojalá que ese propósito, planteado antes en diversas administraciones, pueda finalmente concretarse.
El presidente Javier Milei ha reducido el tamaño del gobierno argentino desde el primer día que asumió el poder, cumpliendo una de sus promesas de campaña. La administración de ese país no se ha paralizado por esa drástica reducción ministerial.
Por ejemplo, en Panamá la reducción del Estado puede incluir el unir ministerios como el de la Mujer con el MIDES, el de Cultura con Educación y Deportes y así, por igual, unir otros ministerios y entidades cómo llevarse el Banco Hipotecario al Banco Nacional.
Otra reducción adicional debe hacerse en los salarios de algunos funcionarios públicos, como lo son los rectores de las universidades públicas, que ya van llegando a los $12,000 de salario mensual o el de alcaldes, como el de Colón con Alex Lee, que ya iba por encima de esa cifra, duplicando casi el salario del presidente de la República, que no excede los $7,000 al mes.
Hemos encontrado salarios de hasta $18,000 en el Metro de Panamá y hasta de $400,000 anuales de pilotos en el Canal de Panamá. El último ministro de Seguridad, Juan Pino, además de una jubilación superior a los $9,000 mensuales, devengaba $7,000 como ministro.
Los exagerados salarios y compensaciones de funcionarios de ETESA y otras empresas públicas como la Caja de Ahorros, rayan en el abuso que debe ser eliminado, como bien ha planteado el presidente Mulino.
Esa disparidad salarial que existe dentro del gobierno hace casi imposible que podamos ahorrar y destinar más recursos para destinar a las tantas necesidades que hoy se postergan.
En un país acostumbrado al clientelismo gubernamental será difícil, sino imposible, que quienes dirigen el país vean la necesidad de reformar sustancialmente las estructuras de personal, de gastos y salariales del gobierno.
¿Cuántos de los 400 autos alquilados devueltos por este gobierno eran usados por Cortizo y Carrizo y sus familiares? ¿Es eso una forma de peculado o no? ¿Cuántas botellas en realidad había y quiénes serán investigados por esos abusos que han causado tanto daño al erario público?
Veremos en cuánto termina el presupuesto de la Asamblea Nacional, demostrado que puede laborar adecuadamente con $30 millones al año y no con los $169 millones que dicen que quieren trabajar.
Queremos menos promesas y más hechos concretos.