Jack Smith presenta contra el expresidente una versión acotada de los mismos cuatro cargos de conspiración
Los problemas penales de Donald Trump por sus ataques a los resultados legales de las elecciones del 2020 no han acabado, ni siquiera tras la histórica decisión del Tribunal Supremo que expandió la inmunidad presidencial, informó la prensa internacional.
Cuando quedan 10 semanas exactas para las elecciones del 5 de noviembre, el fiscal especial Jack Smith ha presentado un nuevo pliego de cargos contra el expresidente y candidato republicano por sus esfuerzos de pucherazo, que acota las acusaciones y las adapta a la decisión del Supremo.
Smith, que ha acudido a un gran jurado para lograr la nueva imputación, vuelve a acusar a Trump de los mismos cuatro cargos que le señalan por una conspiración para revertir los resultados de las elecciones que perdió contra Joe Biden. Esta vez, no obstante, hay algunos cambios importantes.
La principal es que en la nueva imputación, que ocupa 36 páginas en vez de las 45 de la inicial, se han retirado algunas pruebas y también todas las acusaciones que señalaban a Trump por presionar al Departamento de Justicia para lograr sus objetivos.
El Supremo había dicho expresamente que las conversaciones de Trump mientras era presidente con Justicia entraban en la categoría de actos oficiales cubiertos por su versión expandida de la inmunidad.
La imputación inicial acusaba a Trump de conspirar con un funcionario del Departamento de Justicia que se había alineado con sus tesis infundadas de fraude y prometía lanzar investigaciones.
Aunque no se citaba por nombre a ese funcionario, que solo aparecía como co-conspirador número cuatro, se le había identificado como Jeffrey Clark. En el nuevo pliego de cargos, Clark ha desaparecido de entre los acusados, aunque se mantienen otros cinco co-imputados, en su mayoría abogados que asesoraron al expresidente.
Trump se ve de nuevo imputado con cuatro cargos de conspiraciones para defraudar a Estados Unidos, obstruir la certificación de los resultados electorales el 6 de enero en el Capitolio y negar a millones de estadounidenses su derecho a que sus votos fueran contados.
Está señalado por trabajar con sus subordinados para nombrar en varios estados clave que ganó Biden una serie de “falsos electores” para el colegio electoral que defenderían su falsa victoria y por presionar a su vicepresidente, Mike Pence, para intentar que usara su papel ceremonial durante la certificación para inclinar a su favor los resultados.
Tras la decisión del Supremo, la jueza Tanya Chutkan, que preside el caso penal en Washington, había pedido a la fiscalía que presentara antes del 30 de agosto un informe delineando sus argumentos para seguir adelante con la imputación inicial teniendo en cuenta la sentencia del Alto Tribunal, un paso en el que debería delimitarse qué era acto “oficial” y qué no. Se había fijado una vista para el 5 de septiembre.
Smith parece haber optado con la nueva imputación por abrir una nueva vía y no parece que ahora vaya a necesitar redefinir la primera imputación. La nueva, además, la ha presentado antes de que se cumpla un plazo que marca una política del Departamento de Justicia, conocida como “la regla de los 60 días”, que habría impedido presentar nuevos cargos contra el expresidente y candidato a ese plazo de las elecciones del 5 de noviembre.