Afirman que permanencia de Castro en el poder “no solo socava la credibilidad del Estado de Derecho, también perturba la paz y la seguridad
La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en Honduras, Gabriela Castellanos, exigió este miércoles la renuncia de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, tras la divulgación de un video de una reunión celebrada en el 2013 entre su cuñado, Carlos Zelaya, y narcotraficantes, en la que se discutían aportaciones para la campaña del oficialista Partido Libertad y Refundación, informó la agencia EFE.
Enla víspera la presidenta Xiomara Castro había denunciado la existencia de un plan destinado a “destruir” su Gobierno y “asestar un nuevo golpe de Estado” en el país.
Al mismo tiempo condenó “todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos” tras la divulgación del video.
Añadió que el Plan de Solución contra el Crimen, aprobado en marzo de 2023, demuestra su “compromiso político a favor de la extradición”.
Pero aseguró que “no permitiré que se instrumentalize selectivamente el tratado vigente con EE.UU. para desarticular a las Fuerzas Armadas, derrocar mi gobierno y destruir las elecciones” que el país celebrará en el 2025.
El gobierno hondureño decidió el pasado miércoles “dar por terminado” el tratado de extradición bilateral con Estados Unidos en medio de una tensión diplomática con la embajadora estadounidense en Tegucigalpa por criticar una reunión reciente de autoridades de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
Por su parte, Castellano publicó en sus redes sociales una carta en la que solicita formalmente la “renuncia” de Castro como presidenta de Honduras.
“Esta solicitud se fundamenta en las serias acusaciones de narcotráfico que han sido presentadas contra el entorno familiar, a quienes usted ha designado para estructurar el Estado en las diferentes secretarías, claramente colapsado por el crimen organizado”, señaló Castellanos en su carta.
“Lo cual constituye una grave violación de la confianza pública y de los principios éticos que deben regir el desempeño de cualquier servidor público”, agrega el documento.
Destacó que “desconocer estos vínculos y arremeter contra otros señalados, como una medida desesperada para desvirtuar estas graves acusaciones, no hará que la ciudadanía olvide que seguimos en un narcoestado, con líderes que han llegado al poder usando el dinero del crimen organizado y han sido beneficiados por quienes administran la justicia actualmente”.
La directora del ente anticorrupción afirmó que la permanencia de Castro como presidenta de Honduras “no solo socava la credibilidad del Estado de Derecho, sino que también perturba la paz y la seguridad de la población”.
Por ello, añadió, “su renuncia es un deber para restaurar la integridad y la moral política en el servicio público de Honduras”.