Las instrucciones están en chino y no existe certeza de que funcionen correctamente
El presidente José Raúl Mulino informó al país que ha instruido al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para que interponga una denuncia formal ante el Ministerio Público, por múltiples irregularidades encontradas en contratos de compra de perforadoras de pozos y bombas sumergibles, gestionados por la administración anterior.
Mientras se desarrolle la investigación y se determine si las perforadoras y bombas pueden ser utilizadas, el gobierno realizará licitaciones rápidas para contratar a empresas que sigan adelante con el plan de construcción de pozos en diferentes partes del país, y así cumplir la promesa de llevar agua a las comunidades que adolecen de un suministro irregular.
Esta revelación fue hecha este jueves durante su conferencia de prensa matutina.
En cuanto a la compra de las perforadoras, el mandatario explicó que las actas de aceptación de los diferentes equipos fueron emitidas entre el 5 de diciembre de 2023 y el 17 de diciembre de 2023, y las perforadoras fueron pagadas por adelantado en mayo de este año. Sin embargo, los equipos fueron entregados realmente el 30 de junio.
No hubo acta oficial de la verdadera entrega. “Sencillamente, llegaron unos camiones adonde está el Instituto de Salud Mental, antiguo Hospital Matías Hernández, y fueron ubicadas en el patio el domingo 30 de junio, dos días antes de dejar el gobierno, y en horas de la noche”, explicó el presidente.
Adicionalmente, el manual de instrucciones de las perforadoras fue entregado en idioma chino, lo que hace imposible a los funcionarios del MINSA entender la forma de operarlas. Hasta la fecha, las especificaciones de la maquinaria no han sido entregadas y no existe certeza de que funcionen correctamente.
Sobre las irregularidades detectadas en la compra de bombas sumergibles, necesarias para el correcto funcionamiento de los pozos, dijo que la pasada administración del MINSA levantó un pliego de cargos con las especificaciones técnicas.
Una vez adjudicada la compra, el proveedor indicó que no tenía disponibles las bombas descritas en el contrato y que las reemplazarían por otras diferentes, sin ningún tipo de documentación para acreditar su procedencia.
Esto fue aceptado por la administración anterior mediante memoriales, sin contar con el aval de la Contraloría General de la República, a contravía de lo que ordena la Ley de Contrataciones Públicas.
Ante esta situación, el mandatario dijo que “a la mayor brevedad posible, seleccionaremos empresas idóneas que puedan realizar las perforaciones de pozos en las diferentes regiones del país”.