Informe expresa dudas sobre la efectividad de las deportaciones masivas y la posible comisión de abusos
El último informe de la organización Human Rights Watch (HRW) destaca las graves deficiencias de los países de la región en materia humanitaria y de trato a los migrantes, donde Panamá, revela fallas graves en el manejo humanitario en la frontera colombo-panameña, informó el diario La Estrella.
El reporte de 14 páginas hace un recuento de la situación de los países de origen de migrantes, los de tránsito y acogida.
En el apartado de Panamá, describe su sistema de asilo como “inadecuado” y “carente de recursos”, lo que hace más vulnerable a los migrantes.
El organismo cuestiona los largos plazos de tramitación y en la admisibilidad; además, destaca que las pocas vías de regularización o protección complementaria son limitadas para quienes se les niega el estatus de refugiado.
Lo anterior se suma a la decisión del presidente de José Raúl Mulino de restringir el paso de los migrantes y solicitantes de asilo, señala el documento, en lugar de atender sus necesidades mientras buscan su salida rápida a Costa Rica.
El reporte también comenta sobre el Memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá, en el que se acordaron la deportación “voluntaria” de migrantes con financiamiento de Washington.
Una medida que se suma al “cierre de la frontera” que anunció el gobierno, y que asegura, habría tenido un impacto en la reducción del flujo de migrantes. El organismo expresa dudas en cuanto a la efectividad de esa política y manifiesta su preocupación por su impacto en los derechos fundamentales de los migrantes.
“Es probable que este acuerdo empeore aún más el acceso a refugio en la región”, argumentó HRW, que considera que la obstaculización de algunas rutas migratorias y el acuerdo de “repatriación” a migrantes “no cuentan con bases legales” y más bien apunta a un reparto de responsabilidad desigual con potenciales abusos en los procesos de expulsión.
“La expulsión a gran escala de solicitantes de asilo podría violar la obligación legal de Panamá de respetar el principio de no devolución , de no enviar a personas a países donde están expuestas al riesgo de sufrir abusos”, señaló el organismo.
Sostiene que “ese acuerdo parece diseñado para reducir la responsabilidad de Estados Unidos, pues, en esencia, externaliza sus controles migratorios en un país con una capacidad evidentemente menor para evaluar de manera plena y justa las solicitudes de asilo”.
El reporte también apunta a los problemas que sufren las comunidades indígenas en Panamá, sobre la que el organismo destacó que reciben “escaso apoyo gubernamental”.
Una postura que coincide con lo dicho por el Congreso General Emberá-Wounaan, que tachó el manejo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) como una “dictadura” en Darién y las comarcas.