Washington advierte que el voto directo dejaría a los jueces a merced de los cárteles del narcotráfico, que ya inciden en las campañas políticas
México adoptó este miércoles la elección popular de todos sus jueces, un caso único en el mundo, tras ser aprobada una reforma del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador que, según sus detractores, fulmina la independencia judicial, informó el diario español La Razón.
Tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales en huelga y estudiantes, la cámara avaló la enmienda constitucional con 86 votos a favor y 41 en contra.
“Queda aprobado en lo general” el proyecto que reforma el poder judicial, señaló el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien ante el acoso de los manifestantes se vio obligado a trasladar la sesión a la antigua sede de la cámara.
López Obrador planteó la reforma en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado iniciativas que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
El mandatario, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el primero de octubre y tiene una popularidad del 70%, acusa al máximo tribunal y a algunos jueces de estar al servicio de las élites, de la corrupción de cuello blanco y del crimen organizado.
Pero sus adversarios denuncian que en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a su partido en el poder.
La enmienda también es criticada por Estados Unidos y Canadá, que aseguran que dañará el acuerdo comercial T-MEC, cuando México se consolida como principal socio comercial de su vecino del norte.
Washington advierte además que el voto directo dejaría a los jueces a merced de los cárteles del narcotráfico, que ya inciden en las campañas políticas.
Tras la aprobación de la iniciativa, los actuales ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados (unos 1,600) podrían postularse en elecciones en 2025 y 2027. De no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
La reforma es criticada además por expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch.
Coloca a México “en una posición única en términos del método de elección de jueces”, señaló el martes Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
El otro caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
En vísperas del debate, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, equiparó la enmienda con un intento de “demolición del poder judicial”.
Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado, la reforma debe ser avalada por 17 de 32 congresos estatales, lo que se da por descontado considerando el amplio dominio de la izquierda. Luego será promulgada por la presidencia.