Dentro de las posiciones públicas más importantes están el de presidente, electo por votación popular cada cinco años, el de contralor general, escogido por los 71 diputados de la Asamblea Nacional (AN) por igual tiempo y el Administrador del Canal, designado por siete años, por los 11 miembros de la directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Nuestro Canal es la empresa más importante del país. Prevé que, tras la sequía, en el 2025 podría romper records en su recaudación: $5,527 millones, 18,4% superior a $4,139 millones del 2024, que aumentó del 16% en comparación con el año anterior. Desde que pasó a manos panameñas ha producido $25,762 millones.
Para la directiva del Canal la escogencia de su administrador es tan importante que dos años antes de vencerse el periodo de Jorge Luis Quijano, se prepararon los términos y condiciones de su reemplazo
Tras su valoración, se decidieron por una firma reconocida en la contratación de personal a nivel internacional para determinar el perfil de quien, ante los nuevos retos del comercio mundial, debía regir sus destinos por los próximos siete años.
Si bien para ejercer los cargos de administrador de Canal y de Contralor General de la República tienen los mismos requisitos, panameño por nacimiento, de 35 años de edad y no haber sido condenado por delito doloso o contra la administración pública, para la junta directiva de la ACP, la escogencia de su principal ejecutivo cumple con un proceso rigoroso y metódico sumamente complejo. La designación tenía que estar enmarcada dentro de los objetivos estratégicos aprobados por la junta directiva en el 2017.
Quedaron 20 candidatos, luego reducidos a seis. Todos fueron entrevistados en diversas ocasiones por la junta directiva sobre su experiencia profesional, cómo actuarían frente a diversos retos y situaciones que se presentarían en el desempeño de su cargo.
Previa autorización de los candidatos, se investigó detenidamente su vida personal y su trayectoria empresarial y comercial.
Para los directores era muy importante el trabajo confiado a ellos y qué clase de persona conducirá el Canal.
Los consultores internacionales sugirieron que las condiciones salariales del nuevo administrador debían ser cónsonas con el mercado internacional para posiciones tan delicadas.
Recomendaron que su salario de $15,000 hasta el 2019, fuera incrementado a $26,400, a partir del nuevo administrador. En base a ello y al extenso escrutinio llevado a cabo durante más de dos años, la junta directiva escogió a Ricaurte Vásquez.
Entre las razones para llegar a esa conclusión estuvieron sus 30 años de servicio público, como subadministrador del Canal y ministro de Estado, así como su trayectoria en el sector privado nacional e internacional.
El caso del Contralor General de la República, diría que el cargo más importante que el del administrador del Canal, debido a que es el garante del buen uso de todos los recursos del Estado, no llevó el mismo camino utilizado por la junta directiva de la ACP. Ni nada parecido.
A pesar de que el país requiere de un contralor totalmente diferente al que hemos tenido en los últimos 15 años (Bianchini con Martinelli, Humbert con Varela y Solís con Cortizo), la AN obvió su rol de siquiera trazar el perfil para que el país pudiese contar con un contralor general que mostrase las credenciales de ser honrado, independiente y capaz de enfrentarse a todos los poderes políticos y económicos que han acechado ese cargo.
Sobre todo, como en los casos de Humbert y Solís que vieron en la Contraloría el escalón para ser candidatos presidenciales.
La AN, en un acto de soberana irresponsabilidad, por no tacharlo de traicionero de los mejores intereses nacionales, escogió a un empresario, Anel “Bolo” Flores, sin siquiera permitir que ningún diputado lo cuestionara.
Ni la Comisión de Credenciales lo hizo, por decisión de la aplanadora oficialista, y menos el pleno de la AN. Hasta se molestaron porque los diputados de Vamos por su propia iniciativa entrevistaron a los candidatos que acudieron a su citación.
¿Será el señor Flores, sin poder mostrar experiencia alguna en el sector público, otro contralor que pretenda utilizar su puesto para llegar a la presidencia de la República, algo que ya pretendió con el PRD en el pasado? ¿O viviremos otra Contraloría como la que acabamos de pasar con el cínico de Gerardo Solís, cómplice del más descarado robo de la historia de Panamá que tan pequeño ha dejado al pirata Morgan?