,

Detienen a ocho directivos de Seguro Social por corrupción en Costa Rica

Detienen a ocho directivos de Seguro Social por corrupción en Costa Rica
Médicos y sindicalistas protestan en Costa Rica por la defensa de la salud pública y de la Caja del Seguro Social. EFE Jeffrey Arguedas.

Entre los detenidos figura la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel


Por actos de corrupción, que van desde tráfico de influencias y perjuicio a la Hacienda pública en la contratación de servicios de salud, por presunto pago de sobreprecios, fueron detenidos unos ocho directivos y exdirectivos de la Caja de Seguro Social (CCSS) de Costa Rica,  informó EFE.

Entre los detenidos figura la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, designada al frente de esta entidad que administra hospitales públicos y el sistema de pensiones directamente por el presidente Rodrigo Chaves, dijo la Fiscalía en la red X.

“Fiscalía Anticorrupción confirma la detención de 8 altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS, período febrero 2023-junio 2024”, indicó, agregando que Esquivel está entre los arrestados.

De acuerdo a la información, la Fiscalía detectó que se adjudicaron contratos con sobreprecio de hasta 23 millones de dólares anuales a cooperativas privadas de salud para administrar 138 consultorios, anulando un contrato anterior más barato y sin tomar en cuenta las recomendaciones de la junta de asesores de la entidad.

La atención médica se sigue ofreciendo normal, informa la CCSS. Hospital Monseñor Sanabria en Costa Rica.
 
El Ministerio Público considera que las ofertas adjudicadas eran “excesivas” y causaron un incremento anual de más de $24 millones, respecto al costo actual de la prestación del servicio.

El Organismo de Investigación Judicial indicó en un comunicado, que “supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud”.

El sobreprecio entre el contrato original cancelado y el nuevo supuso un incremento del 33% en el precio de la licitación de estos servicios, advirtió el OIJ.

Los detenidos enfrentan cargos por influencia contra la hacienda pública, tráfico de influencias y prevaricato, que son sancionados hasta con tres, cinco y seis años de prisión, respectivamente, según el Código Penal de Costa Rica.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *