Con votación afirmativa de 78 legisladores, con 43 en contra y 6 abstenciones, el pleno de la Asamblea aprobó la moción
La Asamblea Nacional de Ecuador exhortó este martes al presidente Daniel Noboa, que solicite a la Corte Penal Internacional la captura de Nicolás Maduro, para prevenir crímenes de lesa humanidad en ese país, informó la prensa ecuatoriana.
Con una votación afirmativa de 78 legisladores, con 43 en contra y 6 abstenciones, el pleno de la Asamblea aprobó la moción presentada por la legisladora independiente María Teresa Pasquel.
Dicha moción exhortó al presidente Noboa a que, en representación de Ecuador y como miembro de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, solicite que “se emitan las órdenes de detención en contra del señor Nicolás Maduro”..
Esa medida “con el fin de prevenir la continuación de crímenes de lesa humanidad y asegurar la eficacia de las investigaciones en curso» sobre la supuestas violaciones de derechos humanos en Venezuela, se señaló en el texto de la moción.
Asimismo, se pidió que la Corte Penal Internacional ordene la «inmovilización y la incautación de los bienes y haberes de cualquier tipo que se encuentran registrados a nombre del señor Nicolás Maduro Moros, a título personal o terceros vinculados, para su ulterior decomiso definitivo».
Ello 2 en aras de beneficiar a las víctimas o a sus familiares de los crímenes de lesa humanidad causados” por el acusado, precisó Pasquel en su moción.
La aprobación de la moción fue respaldada por los grupos de derechas como el oficialista movimiento Acción Nacional Democrática, el Partido Social Cristiano, la formación Construye e independientes.
En la otra arista se colocaron el progresista movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, y el grupo indígena Pachakutik.
La resolución del Parlamento de Ecuador se dio después de que un tribunal de Argentina ordenara la captura de Maduro por crímenes de lesa humanidad.
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires así lo resolvió en el marco de una causa abierta a inicios del 2023 por una denuncia contra Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido.