Aclaran que es un proyecto desarrollado en fincas privadas y tituladas desde 1970, que están “fuera de las áreas protegidas de manglar
Un controvertido proyecto portuario con inversión extranjera que se levantará en Barú se enfrenta con el rechazo de ambientalistas por encontrarse, según alegan, en una zona protegida de manglares, por lo que reclaman su suspensión ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mientras los lugareños lo defienden activamente por su positivo impacto económico, informó la agencia EFE.
Habitantes de una zona donde se desarrollará el Proyecto Puerto Barú, no dudan en expresar su apoyo a esta iniciativa que les beneficiará directamente, pero temen que con las acciones de los ambientalistas y su demanda de suspensión, la echen para atrás o se vaya a otro lugar.
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de Ambiente en enero pasado, la idea Puerto Barú se concibe como un puerto alimentador y turístico de usos múltiples en la región Pacífico-Occidental de Panamá.
Es el “único puerto multipropósito privado” entre Puerto Caldera en San José, Costa Rica, y Puerto Balboa en el Canal.
Puerto Barú se encuentra en proceso de diseño y se espera que para el 2025 se inicie la primera fase de su construcción, señalan sus promotores.
“El proyecto se desarrollará en dos fases principales: la fase de construcción, que generará entre 1,500 y 2,000 empleos directos, y la fase de operaciones, que se estima creará alrededor de 650 empleos adicionales”, indicó en un comunicado Ismael González, gerente general del proyecto.
Durante el recorrido por la zona en que se levantará Puerto Barú, organizado por la Sociedad Audubon de Panamá, los ambientalistas explicaron que presentaron ante el Supremo el 5 de septiembre pasado una demanda contra el proyecto, porque la aprobación del EIA se basó en una “simulación de consulta pública”, entre otros factores.
El propio EIA “reconoce que el área afectada representa una zona vital de amortiguamiento y refugio para una gran diversidad de fauna endémica, y que el dragado tendrá grandes impactos en la cadena alimentaria acuática”, según los conservacionistas.
Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, dijo a EFE que lo que se busca con la demanda es que haya un “estricto apego a la legislación ambiental”, ya que “no tiene sentido tener una riqueza natural tan abundante en nuestro país si no estamos dispuestos a tomar las decisiones de desarrollo necesarias para garantizar esos recursos naturales”.
Un comunicado de Puerto Barú señaló que la demanda que busca suspender la obra tiene información “contraria a la verdad e incluso engañosa”, al aseverar que el desarrollo del proyecto es perjudicial al medio ambiente, “pudiendo ocasionar un perjuicio crítico en el desarrollo y crecimiento de la provincia de Chiriquí y el país”.
Aclara que este es un proyecto desarrollado en fincas privadas y tituladas desde 1970, que están “fuera de las áreas protegidas de manglar de David y sin cobertura de las especies manglaríticas”.
En este sentido, la empresa destaca que desde el 2020 ha estado desarrollando el proyecto Puerto Barú, “el primer puerto verde en Panamá de inversión estadunidense que supera los $250 millones. Se trata de la inversión extranjera directa más importante de la región y entre las más importantes del país”.