Investigaciones están dirigidas contra los servidores públicos que no actuaron con la debida diligencia
La entidad informó que han sido giradas cinco órdenes de detención provisional sobre sumas de dinero en cuentas bancarias locales.
Explicó también que las investigaciones están dirigidas contra los servidores públicos que no actuaron con la debida diligencia y el mínimo de cuidado respecto a la administración de los fondos públicos que debían custodiar, así como los particulares que se apropiaron de los caudales públicos, aprovechándose de la imprudencia de estos funcionarios.
Las pesquisas surgen tras una denuncia interpuesta en septiembre en nombre y representación de la ministra de Educación Lucy Molinar, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de las arcas del Estado, relacionado con el registro de personas difuntas, que estaban devengando sueldos desembolsados por esa entidad.
Las investigaciones demuestran la existencia de una afectación que supera los $68,000 en concepto de salarios por jubilación no correspondidos, por defunción de sus beneficiarios.
Hasta el momento, se han practicado una veintena de inspecciones oculares, con la colaboración de diversas instituciones financieras, para obtener datos bancarios y transaccionales, indicó el Ministerio Público.