La Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos condenaron el asesinato del religioso, que había recibido amenazas por su activismo
El sacerdote Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia ligada al narcotráfico en México, fue asesinado a balazos este domingo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en un crimen que ha desatado una ola de condenas, informaron medios de prensa internacional.
Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos se han manifestado para rechazar el asesinato del religioso, que había recibido amenazas por su activismo.
Tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo, dentro del cual quedó el cuerpo sin vida del sacerdote, informó la fiscalía local en un comunicado.
Ese acto de violencia no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas”, expresó la Conferencia del Episcopal Mexicano, entre las mayores autoridades católicas del país.
Según el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los más activos defensores de los derechos humanos del país, Pérez recibió “amenazas e intentos de criminalización” por su continua denuncia de la violencia.
La Compañía de Jesús, que también ha sufrido la pérdida de sacerdotes en medio de la violencia criminal, exigió que los crímenes contra religiosos no sean “minimizados como casos aislados”.
«El Padre Marcelo ha sido un símbolo de resistencia y acompañamiento para las comunidades de Chiapas durante décadas, defendiendo la dignidad, los derechos de los pueblos y la construcción de una paz verdadera», señalaron los jesuitas en un comunicado.
Según medios mexicanos, tras el asesinato de Pérez, al menos nueve religiosos han sido asesinados en los últimos cinco años.
Uno de los crímenes que desató condenas dentro y fuera de México fue el de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, ultimados dentro de su iglesia en el estado de Chihuahua el 20 de junio del 2022.
Desde diciembre del 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, suman más de 450,000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones en México, según cifras oficiales.