Según Royina Garma, el expresidente filipino estableció recompensas por cada muerto, entre $400 y $17,500
Entre $400 y $17,500 por muerto y ni un céntimo por arresto. Las retribuciones de la policía filipina explican el amontonamiento de cadáveres durante la guerra contra la droga del expresidente Rodrigo Duterte, informó el diario español La Razón.
Las recientes revelaciones de una alto cargo jubilada alumbran aquel presunto misterio: la suicida pulsión de todos los sospechosos a liarse a tiros tan pronto veían a un policía que forzaba a este a abatirlos en defensa propia.
No había sufrido Duterte ningún testimonio tan incriminatorio ni inesperado como el de Royina Garma, su aliada durante décadas. Con su declaración en audiencia parlamentaria pretendía expiar sus pecados.
Me he dado cuenta de que la verdad nos libera y al menos quiero contribuir a hacer de este país un lugar mejor para nuestros hijos”, dijo con lágrimas antes de describir el sistema ideado por su antiguo jefe.
Todo empezó con una llamada a las 5 de la mañana en el 2016. Duterte acababa de vencer en las elecciones presidenciales y le dijo a Garma que acudiera a su domicilio. Allí escuchó su petición: buscar a un hombre de la policía nacional o de la Iglesia Ni Cristo, un grupo cristiano afín a Duterte, que pudiera replicar la fórmula utilizada en Davao, una ciudad sureña, de la que había sido alcalde durante dos décadas.
Consistía en una escuadra de la muerte que disparaba a todo lo que, con un criterio muy laxo, pareciera un delincuente.
No le había ido mal así a Duterte. Convirtió una ciudad castigada por el crimen en una de las más seguras del país y acrecentó la reputación que le llevó hasta Manila. Duterte el Duro, el Castigador, El Ejecutor.
Un país devastado por la violencia y hastiado de políticos remilgados e incompetentes abrazó su discurso granítico y populista. En las elecciones había prometido llenar la bahía de Manila de cadáveres, aconsejado las funerarias como negocio de futuro y concedido inmunidad a los policías que dispararan a los adictos. Su estrategia era imaginativa: más que limpiar las calles de drogas, quería limpiarlas de drogadictos.
El modelo, describió Garma, establecía recompensas por muerto, fondos para las misiones especiales y reembolsos de los gastos operativos. Su aplicación a nivel estatal dejó unos 30,000 muertos, según cálculos conservadores.
La policía sostenía que solo disparaba a los que se resistían al arresto mientras la oposición y las organizaciones de derechos humanos hablaban de crímenes contra la humanidad y escuadrones de la muerte amparados por el Estado.
El debate se simplifica a una guerra de siglas: DUI (muerte bajo investigación) para unos, EJK (ejecuciones extrajudiciales para otros). No sólo se denunciaba la masacre sino su impunidad. Amnistía Internacional tituló su informe ‘Si eres pobre, estás muerto’ porque el grueso del castigo se lo llevaron arrabales de dolorosa pobreza.