Las áreas concesionadas están dentro de una superficie de 600 hectáreas a las que se había dado un uso definido como mixto urbano
Esa superficie tenía un propósito definido por la Ley 21 de 1997, explicó el doctor Miguel Antonio Bernal, reconocido jurista, quien interpuso tres demandas contra lo actuado por PIMPSA y PSA Panamá, ante la Sala Tercera Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese entramado de ilegalidades, pueden identificarse las acciones del expresidente Juan Carlos Varela e instituciones de su gobierno para favorecer al empresario Guillermo Liberman, uno de los socios de PSA Panamá. Esas relaciones son documentadas en las grabaciones de los Varelaleaks.
Bernal consideró que los procedimientos del Estado con esas empresas son “ilegales y por tanto nulos” y señaló que la CSJ debe tomar en cuenta las numerosas violaciones a las leyes con relación a los contratos del Estado con las empresas concesionarias.
Las áreas concesionadas a PIMPSA y PSA Panamá están dentro de una superficie de 600 hectáreas a las que se había dado un uso definido como mixto urbano. Habían sido asignadas como áreas residenciales de baja, media y alta densidad.
La visión era que la antigua base naval Rodman fuera un centro urbano, complementario con servicios mixtos para el sector Oeste de la ribera del Canal.
Bernal habló de una “danza de ilegalidades” que se inició con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Unidad de Bienes Revertidos que decidió “donar” los referidos terrenos para uso y administración a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Acto seguido, la AMP otorgó una concesión a PSA Panamá para la operación de una terminal de contendedores en el área de la antigua base naval Rodman.
Ilegalidad de MIVIOT
Como siguiente paso, el MIVIOT emitió, en febrero del 2014, certificados de aprobación para los cuatro terrenos concesionados a PIMPSA variando el uso definido establecido por ley.
“El MIVIOT procedió ilegalmente al pretender cambiar el uso de suelo” de los cuatro polígonos concedidos a PIMPSA y traspasados a PSA Panamá. El MIVIOT violó la normativa que exige que para el cambio de uso de suelo y zonificación se requiere de una ley específica dictada para tal efecto, recalcó el abogado.
“Eso es una clara y flagrante violación de la ley -resaltó Bernal- porque ni el MIVIOT ni el MEF podían hacer variar el uso de suelo de los polígonos concesionados a PIMPSA porque todos tenían un propósito definido en la Ley 21 de 1997”.
“El MIVIOT carecía de competencia para asignar un uso de suelo distinto al que ya tenían los cuatro polígonos, según lo establecido en la Ley 21 de 1997”, añadió Bernal.
Ante esa situación, el jurista espera que la CSJ “declare ilegal y por tanto nula” la decisión del MIVIOT de otorgar en febrero del 2014 certificados de aprobación de los cuatro referidos polígonos que, por ley, tienen un definido uso de suelo.
Modificación planificada
La ley estableció cuál debería ser el procedimiento para modificar el uso de suelo. Los pasos a seguir están bien marcados.
El MEF, junto con el MIVIOT y la Autoridad Nacional del Ambiente -convertida actualmente en Ministerio de Ambiente- “podrá variar las categorías de ordenamiento territorial contenidas en el plan regional y el plan general, previa consulta con la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, mediante ley que al efecto dicte”.
En un acto administrativo, el MIVIOT le había asignado –en una clara violación de la ley- un uso distinto a los cuatro polígonos concesionados a PIMPSA contrario a lo establecido en la Ley 21 de 1997.
Pero hubo más sorpresas. PSA Panamá adujo que debía dársele la categoría de “uso sobrepuesto” a la concesión de los cuatro terrenos.
“Esa empresa está mal asesorada por sus abogados, porque la categoría de uso sobrepuesto –sostuvo Bernal- invocada para realizar el cambio de zonificación, no se aplica a Rodman”.
Esa variante solo puede emplearse en lo referente al plan regional de uso de suelo que contempla la cuenca hidrográfica del Canal y no al área donde se encuentra Rodman, argumentó.
Una enmienda hecha a la Ley 21, mediante la Ley 79 del 2003, restringe al ámbito exclusivo de la cuenca del Canal la aplicación del uso sobrepuesto.
Afectando derechos
Por otro lado, el acto mediante el cual la Unidad de Bienes Revertidos del MEF donó a la AMP los terrenos de los mencionados cuatro polígonos concesionados a PIMPSA, también violó la ley, porque le cambió la categoría de uso de suelo establecido en la legislación de 1997.
Hay un ingrediente adicional. La ley exige que los cambios relativos a zonificación deben realizarse mediante la participación ciudadana.
Esos actos son, entre otros, los relativos a la construcción de infraestructuras, tasas de valoración, zonificación y fijación de tarifas y tasas de servicios. Es lo que manda la ley. No cumplirlo, es una flagrante violación.
Esa legislación estableció que las autoridades del MIVIOT, antes de afectar los intereses y derechos de grupos ciudadanos, “están obligadas a permitir su participación a través de representantes idóneos, con el propósito de promover intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante las modalidades de participación ciudadana que establece la Ley 6 del 2002”.
También está lo relativo a zonificación. Cuando el MIVIOT varió el uso de suelo definido por la ley, modificó por la fuerza los procedimientos de zonificación.
“Determinar un cambio en el uso de suelo implica zonificar, toda vez que la zonificación de un área se hace en función del uso del suelo y debe cumplir con el articulado de la Ley 6 del 2002”, precisó Bernal.
Una sentencia de la Sala Tercera de la CSJ en el 2016 impugnó un cambio en el plan metropolitano porque no se dio “la debida participación de los particulares, contrario a la establecido en el Decreto No. 205 del 28 de diciembre del 2000”.
No solo el MIVIOT infringió la ley. También lo hizo la Unidad de Bienes Revertidos del MEF al emitir en marzo del 2014 una resolución que no cumplió con la exigencia de participación ciudadana en los casos de construcción de infraestructuras y zonificación como dispone la ley.
MAÑANA: CONTRATO DE PSA PANAMÁ NO CUMPLIÓ EXIGENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA