El documento tiene por objeto promover la protección de derechos de comunidades originarias
En la primera votación de nuestro país ante la Asamblea General de la ONU con Gerardo Werthein en Cancillería, la Argentina fue la única nación en votar contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas, informó el diario argentino La Nación.
Fue en el marco de una sesión que se celebró este lunes en Nueva York. 168 países que formaron parte del encuentro se pronunciaron a favor. Uno de ellos fue Estados Unidos, con el que la administración Milei busca alinearse en materia de voto. Israel, no participó de la asamblea. Hubo además siete abstenciones: Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia.
La primera versión del documento de resolución fue presentada en el mes de octubre. El pasado lunes se hizo entrega ante el organismo de un nuevo borrador, que tiene la rúbrica de 22 países miembro: Armenia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Islandia, Liberia, Noruega, Nicaragua, Perú, Paraguay, Suecia y Venezuela.
El escrito busca adherirse, en rasgos generales, a la protección de los derechos de comunidades originarias en cuestiones como justicia, medioambiente y preservación de creencias espirituales, conocimientos ancestrales y lenguas.
En redes sociales, el exministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto durante la gestión de Alberto Fernández, Felipe Solá, lamentó la toma de posición del gobierno.
“En la primera votación del nuevo canciller de la nación, Argentina fue el único país de la ONU que voto en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos indígenas. Con 185 votos a favor, seis abstenciones y una ausencia, nos opusimos a proteger las comunidades originarias”, escribió en X.
A lo largo de la resolución de 16 páginas, se destaca la importancia de promover y tratar de lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también mediante la cooperación internacional para apoyar la concertación de esfuerzos e instrumentos a los niveles nacional y regional con el propósito de alcanzar los fines de la Declaración, incluidos el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.