Le contó a la exprocuradora general, Kenia Porcell, que la CIA le había entregado $1 millón en efectivo para financiar la oposición en Chiriquí
Corría el mes de septiembre del 2017 y el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela se desangraba políticamente ante denuncias de que había recibido, en dos campañas electorales, por lo menos $10.7 millones de la constructora brasileña Odebrecht.
“¿Qué posibilidad hay de que el partido (panameñista) devuelva el dinero?”, le preguntó Leo Marchosky a Varela a media tarde del sábado 9 de septiembre. “Sería muy positivo y bien visto”, añadió el médico y amigo personal del exmandatario.
Ante la propuesta de Marchosky, Varela reaccionó comparando “los aportes políticos” de Odebrecht, para sus campañas del 2009 y el 2014, con lo entregado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para deponer en 1989 al general Manuel Noriega.
Según los Varelaleaks, el expresidente le reveló al empresario Roberto Eisenmann que en la campaña política de 1989 había “manejado los fondos que enviaba la CIA para derrocar a Noriega y recuperar la democracia”.
A la exprocuradora general, Kenia Porcell, le contó que la CIA le había entregado $1 millón en efectivo para financiar la oposición en Chiriquí.
El exgobernante razonaba que, así como la CIA había entregado dinero “para derrocar a Noriega”, Odebrecht había dado “aportes políticos” para acabar con la “dictadura económica” del expresidente Ricardo Martinelli.
Varela afirmaba que sin los recursos de la transnacional brasileña no habría ganado las elecciones en el 2014. “No sé cuál hubiera sido el resultado” en esos comicios, “de no haber sido aceptadas las donaciones políticas de Odebrecht”, le confió a María Mercedes “Chelle” de Corró, directora de La Prensa y su exembajadora en España, según grabaciones de los Varelaleaks.
El exmandatario le planteó a Marchosky que resultaba imposible devolver los $10.7 millones entregados por Odebrecht. “¿Devolverle a la CIA el dinero que dio para derrocar a Noriega?”, respondió Varela en forma retórica. “Eso crearía compromisos con nuevos donantes, cuando se ha sido claro que no existe ningún compromiso con Odebrecht”, sostuvo el expresidente y ensayó, por primera vez, ubicar los fondos obtenidos de la empresa brasileña dentro del casillero de “donaciones políticas”.
El plan consistía en “desviar el tema a donaciones políticas a través de terceras personas”. “Es lo que hacen todas las empresas, incluyendo las televisoras”, añadió Varela. Para el exmandatario lo “importante” era “desviar la atención” de la trama de Odebrecht.
Para entonces habían transcurrido nueve meses desde el acuerdo alcanzado en la víspera de Navidad del 2016, por los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Suiza y la multinacional brasileña, aceptando haber construido una estructura de corrupción para obtener -mediante la entrega de $788 millones en comisiones ilegales- un centenar de megaproyectos en 10 países latinoamericanos y dos africanos. Odebrecht acordó pagar una multa de $3,500 millones que serían distribuidos entre Brasil, Estados Unidos y Suiza.
El de Panamá fue uno de los nombres hallados en la chequera de la transnacional. El país estaba en la lista de pago de sobornos con apodos para esconder la identidad de los destinarios. En el acuerdo alcanzado con Odebrecht salió a la luz que el grupo había pagado sobornos por $59 millones entre el 2009 y el 2014.
Las investigaciones llevadas a cabo en Panamá –donde la empresa obtuvo contratos por más de $8,000 millones- determinaron que 36 personas, entre ellas Varela, estaban involucradas en una trama de lavado de dinero de Odebrecht. Un fiscal impuso en el 2020 una medida cautelar al expresidente y se le prohibió salir del país.
De acuerdo a los Varelaleaks, desde inicios del 2017 y a lo largo de todo ese año, Carlos Duboy y Jaime Lasso estuvieron sometidos al escrutinio público.
La información que llegaba desde Brasil señalaba a Lasso, un médico ginecólogo primo de Varela, como receptor de por lo menos $10.7 millones para las campañas del 2009 y el 2014.
La justicia brasileña, tras una investigación concluyó que la fundación Don James, creada por Lasso, había recibido en el 2009 transferencias por $700,000 desde la sucursal del banco austríaco Meinl Bank en la isla caribeña de Antigua.
Los pagos los había hecho la empresa Klienfeld Services Ltd., creada por Odebrecht, para sobornar a funcionarios y políticos en el extranjero. El superintendente de Odebrecht en Panamá, André Rabello, declaró haber entregado $10.7 millones a Lasso.
En las primeras indagatorias realizadas en febrero del 2017 por la exFiscal Especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, Lasso dijo que el exmandatario y su hermano, el entonces diputado José Luis “Popi” Varela, estaban al tanto de los aportes de Odebrecht.
Según los Varelaleaks, para el expresidente no había razones de qué preocuparse. Le aseguró a Lasso que todo estaba “coordinado con Popi” (Varela). “Nosotros dirigimos el proceso”, añadió. Le pidió que se fuera a descansar a su casa de playa en Puerto Escondido, Colón.
Sin embargo, Lasso no estaba tranquilo. La tensión quedó registrada en los Varelaleaks. En mayo del 2017, Lasso le escribió a Varela.
“Creo que debemos pedir a alguien del sistema judicial la opinión de cómo está todo lo referente a mí en el MP (Ministerio Público). No estoy de acuerdo con la opinión de la señora (la procuradora Kenia Porcell) que mi caso está cerrado, Juan. Por favor que otros juristas de confianza tuyo te opinen”, le rogó.
Ese día, medios de prensa habían publicado informes sobre la posible desviación de fondos públicos desde la embajada de Corea del Sur, donde Lasso había sido jefe de misión, levantando la inquietud por conocer las declaraciones de bienes que hizo al tomar posesión de la sede diplomática y al momento de dejar el cargo. Las noticias afirmaban que Lasso había desviado fondos de la embajada en Seúl a su cuenta en la Fundación Don James.
Lasso había jugado un papel importante en las dos campañas políticas de Varela como miembro del Comité de Finanzas del panameñismo y recolector de fondos. Al inicio del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, en julio del 2009, Varela -que en esa administración fue vicepresidente y canciller-, nombró a Lasso como embajador en Corea del Sur hasta que se rompió la alianza en agosto del 2011.
La situación de Lasso estaba lejos de resolverse. En la ampliación de las indagatorias, en septiembre del 2017, reconoció que había recibido $700,000 de Odebrecht para la campaña política del 2009. Rechazó haber sido receptor de otros $10 millones como aseguraba Rabello.