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Tribunal Superior sanciona a juez Ballesteros en caso contra constructoras

Tribunal Superior sanciona a juez Ballesteros en caso contra constructoras
Sede de la Corte Suprema de Justicia. Foto: CSJ.

Lo multan con $500.001, suma que aumenta por cada día que pase mientras insista en mantener el desacato

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, sancionó al juez Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, Guillermo Ballesteros, por incurrir en desacato en una decisión de esta instancia superior en la disputa legal entre las empresas Sonama, S.A. y Sonama Panamá S.A., contra el consorcio MECO- ICA-FCC tras un contrato pactado incumplido dentro de los trabajos de ampliación del Canal de Panamá, informó este miércoles el diario La Estrella.

El informe explica que la sanción se produce luego que Ballesteros ordenara levantar un secuestro millonario que había sido decretado contra el consorcio demandado conformado por las empresas MECO-ICA-FCC, pese a la decisión emitida por el Tribunal Superior.

La cuantía del secuestro asciende a la suma de $5 millones 714 mil 479.96.

Indica que mediante resolución del 17 de julio del 2024, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial declaró probado un incidente de desacato presentado por Sonama S.A., y Sonama Panamá S.A., en contra del Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de Ballesteros y en consecuencia, lo sancionó con una multa de $500.001.

 

condena
Sanción.

Señala que la multa es compulsiva y progresiva por cada día que pase mientras insista en mantener el desacato, a partir de ejecutoriada la resolución.

El informe indica también que el caso gira en torno a una pugna legal que ya tiene 13 años en la Corte Suprema de Justicia, sin un fallo definitivo.

Además, en este caso, Ballesteros admitió que  existe una denuncia en la Unidad de Investigación de Integridad y Transparencia, por lo que debe declararse impedido.

La Unidad de Investigación de Integridad y Transparencia, es la encargada de investigar a los funcionarios judiciales en general, entre ellos jueces y magistrados, para verificar si cometieron actos contrarios a la ética o normas administrativas judiciales, explica el informe.

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