El mandatario advirtió también que el proyecto de ley de reformas a la CSS no será retirado de la Asamblea Nacional
El presidente José Raúl Mulino vetó parcialmente por inconveniente el proyecto de ley que buscaba excluir a funcionarios designados en altos mandos de empresas estatales, de recibir las indemnizaciones establecidas en sus convenciones colectivas, informaron medios de prensa locales
La norma propuesta sería aplicable a directivos designados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., la Empresa Nacional de Autopistas, S.A., Metro de Panamá, S.A. y la Empresa de Transmisión Electrica (Etesa), entre otras, indicó el diario La Estrella.
Entre las objeciones parciales, Mulino destacó que en los artículos 2, 3, 4 y 5 del proyecto de ley se indica que los servidores públicos que ocupen los cargos de gerente general, subgerente general y auditor interno, “tendrán únicamente derecho a vacaciones proporcionales”, sin tomar en cuenta que el derecho a las vacaciones es un derecho constitucional irrenunciable; por consiguiente, las personas que ocupen estos cargos, deben tener el derecho al reconocimiento de las vacaciones vencidas y proporcionales que les corresponda al momento de su retiro del cargo.
”Queda claro entonces que el problema a legislar no es limitar o excluir beneficios per se, sino resolver el problema a futuro para que estos trabajadores de confianza al momento del cálculo de sus prestaciones laborales se limite al pago de derechos irrenunciables, como son las vacaciones vencidas o proporcionales, el décimo tercer mes vencido o proporcional, que les corresponda por el periodo de trabajo, con independencia de la causa de terminación de la relación laboral”, destacó Mulino.
En tanto, en su conferencia habitual de los jueves, el mandatario indicó que la administración del expresidente Juan Carlos Varela abrió la puerta al narcotráfico en el país.
“Ahora se están dando cuenta del daño que causó Varela al suspender arbitrariamente toda la vigilancia costera de este país. Él le abrió la puerta al narcotráfico en este país en las costas, digan lo que digan”, señaló el mandatario, luego de que se le cuestionara sobre retomar la vigilancia costera en distintas playas ante la presencia de operaciones de narcotráfico.
Sobre las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), Mulino dejó claro que el proyecto de ley no será retirado de la Asamblea Nacional (AN).
Destacó que en la consulta que se lleva a cabo en la AN, “se oye cualquier clase de locuras y se manejan cifras algarete en esa comisión. Cualquiera llega ahí a hacer un show político, al igual que el diálogo en Penonomé”.
Mulino dijo que respeta las opiniones de quienes saben del tema de la CSS e insistió que lo que se busca con las reformas no es privatizar ningún tipo de fondos, sino que estos rindan más del 2% que ya existe en el Banco Nacional.
Sobre de dónde surgirán los fondos en que se basa el proyecto de ley, el gobierno adelantó que ya tiene definido casi la mitad de los aportes para darle sostenibilidad al programa de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
Previamente, la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, indicó que mediante la reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (RSF), se exonera al gobierno del aporte al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y son $260 millones que irán aumentando paulatinamente.
Adicional, se tiene el incremento neto que queda después de la contribución al FAP y son otros $220 millones, indicó El Panamá América.
El resto, explica la funcionaria, debe proceder de los impuestos y del ataque a la evasión fiscal.
Dijo que de acuerdo a lo proyectado, en el primer año, se podría estar recaudando $1,118 millones que superaría con creces el aporte inicial que debería aportar el Estado.