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Australia aprueba primera ley del mundo que prohíbe acceso de menores de 16 años a redes sociales

Australia aprueba primera ley del mundo que prohíbe acceso de menores de 16 años a redes sociales

Las empresas tecnológicas podrían ser multadas con hasta $32 millones en caso de infracción

Australia será el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales entre los menores de 16 años de edad, informó el diario español El Periódico.

Tras meses de un agitado debate nacional, el Senado australiano ha aprobado definitivamente este jueves un estricto proyecto de ley que obligará a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, X/Twitter o Snapchat a impedir que los más jóvenes puedan crearse cuentas para acceder a sus servicios.

De no adoptar “medidas razonables” que eviten ese uso se enfrentarán a multas de hasta $32.5 millones. No habrá sanciones para los niños y padres que incumplan las normas.

Con esta medida, que no entrará en vigor hasta dentro de 12 meses, Australia busca limitar el impacto sobre la salud mental que tienen los servicios digitales de grandes compañías tecnológicas.

“Se trata de proteger a los jóvenes, no de castigarlos o aislarlos”, ha declarado la Ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, denunciando que esas plataformas exponen a los usuarios a contenidos extremos que van desde la violencia a los trastornos alimentarios.

 

El gobierno de centro-izquierda del primer ministro Anthony Albanese y parte de la oposición han dado luz verde a un proyecto legislativo que cuenta con un amplio apoyo entre la ciudadanía. Hasta un 77% de la población australiana lo ve con buenos ojos, según un reciente sondeo de YouGov..

Sin embargo, la ley también ha despertado el rechazo y la indignación de gigantes tecnológicos, expertos en privacidad y grupos en defensa de los derechos humanos.

Esa insólita alianza, que en la cámara baja ha sumado a diputados conservadores, ecologistas e independientes, se debe a que el texto deja muchas preguntas sin responder. Los legisladores han señalado que esas dudas se irán resolviendo durante el próximo año.

La ley aprobada este jueves no especifica qué plataformas se verán afectadas por la prohibición, pero durante los últimos meses el Gobierno ha señalado TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram, X y Reddit como principales candidatas. Sin embargo, no se prevé que se aplique a aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, “servicios de juego en línea” u otras plataformas como Youtube, cuya versión para menores se utiliza ampliamente con fines educativos en las escuelas del país.

Otra cuestión por resolver es cómo se aplicará la ley sin vulnerar la privacidad de los usuarios.

El proyecto establece que las empresas tecnológicas deben tomar “medidas razonables” para evitar que los menores puedan crearse una cuenta, pero no se especifica qué método hay que adoptar, decisión que puede variar en cada plataforma. “No tenemos orientación del gobierno australiano sobre cuáles son los métodos correctos que toda una serie de servicios tendrán que emplear”, ha lamentado Sunita Bose, directora general de Digital Industry Group, un grupo que representa a varias de las Big Tech, en declaraciones a la agencia Reuters.

Aunque los defensores de esta medida han prometido que limitará los daños sufridos por los menores, académicos, expertos digitales y grupos en defensa de los DDHH han adveritdo que podría alejar a jóvenes vulnerables —desde inmigrantes a miembros de la comunidad LGBTQ+— de sus redes de apoyo y limitar su capacidad de participar en la sociedad.

La ley también podría dificultar la relación entre Australia y Estados Unidos, su gran aliado.

Por un lado, porque el gigante oceánico ha impuesto medidas que perjudican a las grandes empresas tecnológicas -la mayoría de ellas estadunidenses- como la pionera regulación que las obliga a pagar a los medios de comunicación para compartir sus contenidos.

Por el otro, porque la acción política de la presidencia de Donald Trump puede verse influída por su cercanía con el magnate tecnológico Elon Musk, propietario de X, que ha denunciado que la ley “parece una forma encubierta de controlar el acceso a Internet de todos los australianos”.

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