El partido gobernante, el conservador Partido del Poder Popular, boicoteó este sábado la moción de censura contra su líder por tratar de imponer la ley marcial en el país
Con una aceptación popular ínfima, su esposa investigada por corruptelas y la oposición parlamentaria estrangulando el presupuesto nacional, el atribulado presidente de Corea del Sur pensó que la ley marcial no sonaba tan mal. Aquellas preocupaciones son ahora minucias porque sobre Yoon Suk-yeol se abre un horizonte carcelario muy verosímil, informó el diario español el Periódico.
A Yoon le han prohibido este martes que salga del país. No parece más que un formalismo porque está arraigado a Seúl y, tras enviar el Ejército al Parlamento, sólo sería recibido con exageración en su vecino del norte: Nadie ha hundido más y mejor la reputación surcoreana que su aún presidente.
La fiscalía le investiga por traición, un delito que excede la impunidad presidencial, y para el que la ley contempla largas condenas de prisión e incluso la pena de muerte.
Ya ha sido detenido por los mismos cargos Kim Yong-hyun, su ministro de Defensa y amigo desde la juventud, y quien le habría aconsejado la ley marcial.
Tampoco pueden viajar el comandante de Contrainteligencia, Yeo In-hyung, ni el jefe de personal del Ejército, Park An-su. Seúl parece decidida a castigar a los que diseñaron un autogolpe que ha arruinado la reputación de un país conocido por su música, películas y series televisivas.
Yoon y su formación, el Partido del Poder Popular (PPP), han llegado a un pacto para salvar los muebles: este le blinda a aquel de la oprobiosa destitución parlamentaria a cambio de que acepte la nevera primero y la salida después.
La dirección de la política interna e internacional recae ahora en el primer ministro, una figura tradicionalmente ceremonial en Corea del Sur. El relevo se formalizará pronto, ha explicado la formación conservadora, para superar el caos cuanto antes.
Si hay suerte será antes del sábado, cuando la oposición presentará otra moción de censura, y no se repetirá la bochornosa salida del hemiciclo del domingo de los conservadores con el fin de arruinarla.
Ese enjuague supone “un segundo golpe de Estado y otra insurrección inconstitucional e ilegal”, ha razonado esta mañana Park Chan-dae, representante parlamentario del Partido Democrático (PD), principal fuerza opositora.
La hoja de ruta para vadear la crisis ha sido diseñada por Han Dong-hoon, jefe de los conservadores, y a quien Yoon también quería enchironar tras dictar la ley marcial. Kim Min-seok, líder de la oposición y también en la lista de Yoon, le ha hecho ver a Han que nadie le ha dado esos competencias.
“El primer ministro y el partido han anunciado que ejercerán de forma conjunta el poder del presidente pero nadie les ha dado el poder a ellos. Es claramente inconstitucional”, ha dicho.
Lo que queda son las miserias políticas al uso. La oposición pretende la destitución parlamentaria que obligue a convocar unas elecciones en las que el pueblo castigará a los conservadores mientras estos buscan con el relevo interno aguantar los dos años y medio de mandato restante.