Los familiares denunciaron falta de atención médica en la prisión como en los otros casos
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el fallecimiento del tercer ciudadano preso tras las protestas contra los resultados electorales que favorecieron al dictador Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. Osgual Alexander González Pérez tenía 43 años, informaron medios de prensa internacional.
Había sido detenido el 1 de agosto en el estado de Lara. Su deceso por problemas hepáticos fue confirmado al OVP por los familiares. Al igual que los otros casos, se encontraba bajo custodia del Estado en la cárcel de Tocuyito, en Carabobo.
Según la oenegé, “Osgual fue detenido arbitrariamente junto con su hijo, de 19 años, y a ambos los trasladados al Internado Judicial de Tocuyito. Su hijo todavía continúa privado de libertad en este penal”. González Pérez presentaba síntomas de depresión. Había sido hospitalizado en diciembre debido a un fuerte dolor abdominal.
“Su familia denunció que la atención médica fue tardía y que además no le daban información precisa sobre el padecimiento”, añade la oenegé. Además, los familiares reclamaron una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.
El primer hecho luctuoso de estas características tuvo lugar el 14 de noviembre. Jesús Martínez, un músico y activista de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, padecía diabetes tipo II y problemas cardíacos. Se asegura que también le negaron la atención médica debida.
El pasado lunes, el fiscal general de la República Tarek William Saab dijo que en los últimos días se han liberado 173 detenidos tras las manifestaciones contra el veredicto del Consejo Nacional Electoral (CNE). Antes habían abandonado las cárceles otras 533 las personas que continúan con medidas cautelares y procesos judiciales en curso.
La oenegé Foro Penal informó sin embargo que solo había podido confirmar 48 de las últimas liberaciones. Cuarenta y dos de esos ciudadanos son adolescentes entre 14 y 17 años de edad.
Humberto Prado, director del OVP, aseguró que el Gobierno amenaza a familiares de los presos políticos para que no hablen con los medios de prensa ni las organizaciones de la sociedad civil.