El ultraderechista invade un terreno vedado en Argentina desde la restauración de la democracia, tras los crímenes de la dictadura militar
El desguace y debilitamiento del Estado que proclama Javier Milei en Argentina es selectivo: En determinadas áreas, el presidente ultraderechista impulsa un proceso inverso de fortalecimiento y ampliación de atribuciones, informó el diario español El País.
Tal es el caso de la defensa nacional. A lo largo de su primer año de mandato, Milei ha señalado en diversas oportunidades su propósito de reivindicar a las Fuerzas Armadas y ha anunciado la compra de armamento y vehículos militares.
Ahora, con dos decretos que le permitieron evitar el debate público, dispuso que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada pueden intervenir en asuntos de seguridad interior, algo hasta ahora vedado. El poder de decidir cómo y cuándo actuarán los militares se lo reserva el propio Ejecutivo, es decir, que no mediarán mecanismos de control.
Se trata de las primeras medidas concretas de Milei encaminadas a revertir la distinción entre defensa y seguridad, una separación que está en la base de la restauración democrática en el país.
Tras los crímenes aberrantes de la última dictadura militar (1976-1983), hace 36 años el Congreso resolvió por ley que las Fuerzas Armadas solo pueden actuar ante una “agresión de origen externo”.
El actual gobierno hizo un intento de modificar ese consenso en agosto pasado, con un proyecto que no tuvo apoyos en el Parlamento y nunca fue tratado. Ahora Milei volvió a la carga con los decretos 1107 y 1112, firmados el 18 y el 19 de diciembre pasados.
El primer decreto habilita a las Fuerzas Armadas a custodiar “objetivos de valor estratégico”, definidos sin demasiada precisión como “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas”, así como “las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional”.
La potestad de convocar a los militares con ese fin -que antes solo estaba prevista excepcionalmente y requería conformar un comité de crisis o declarar el estado de sitio- queda concentrada en el Ministerio de Seguridad.
A cargo de esa cartera está actualmente Patricia Bullrich, mentora de las medidas y quien ya las había impulsado durante el gobierno del conservador Mauricio Macri.
El segundo decreto es más extenso y, bajo la forma de una reglamentación, implica una reforma del sistema de defensa nacional.
Entre otras cosas, establece que las Fuerzas Armadas no solo deben intervenir ante ataques de otros Estados, sino también ante agresiones o amenazas de “organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones trasnacionales”.
Uno de los puntos más cuestionados del decreto 1112 es el que autoriza a los uniformados a ejercer el poder de policía. En el marco de sus nuevas potestades para custodiar sus equipos e instalaciones, tanto en los cuarteles como en tránsito rumbo a ejercicios u otras actividades, ahora pueden “proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos”.
La oposición política rechazó los decretos. Un conjunto de diputados del Frente de Todos (peronismo) manifestó “profunda preocupación” por las medidas y, en particular, por la decisión de Milei de saltear al Congreso para modificar las leyes vigentes.
“Argentina ha sido testigo de los peligros de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas internas”, advirtieron.
Bajo el pretexto de nuevas amenazas, como el narcotráfico o el cibercrimen”, señalaron, “estas normas podrían promover la militarización de problemas que requieren soluciones integrales y democráticas”.
Los legisladores opositores, por su parte, presentaron un proyecto para anular los decretos porque –argumentaron- constituyen “una violación flagrante de la Ley de Seguridad Interior y un avance represivo inadmisible”.
Organizaciones sindicales y de derechos humanos también alertaron sobre los riesgos que implican las iniciativas de Milei.
“El gobierno instala la posibilidad de que cualquier cosa sea declarada un ‘objetivo de valor estratégico’ y que, por lo tanto, el Ministerio de Seguridad pueda pedir la intervención de las Fuerzas Armadas.
Teniendo en cuenta que este gobierno ha llamado ‘terroristas’ a manifestantes, a trabajadores organizados o a comunidades indígenas, banalizando la categoría de ‘terrorismo’, el temor es que estas normas se utilicen para militarizar conflictos sociales”, explica Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales.