Dos decretos habilitan a las Fuerzas Armadas a realizar labores que fueron expresamente prohibidas a partir de diciembre de 1983
El ultraderchista Javier Milei definió al 2025 como el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”. El extertuliano televisivo que llegó a la presidencia para terminar con la “casta política” no solo se vale de ella para gobernar, también toma prestado sus eslóganes, informó el diario español El Periódico.
Medio siglo atrás, un gobierno de la derecha peronista se propuso también la “reconstrucción en paz” de ese país. Meses más tarde llegó el golpe militar y el “proceso de reorganización nacional”, cuyos principios económicos recupera la actual gestión.
Al mismo tiempo, el 2025 ha comenzado con dos hechos que profundizan el revisionismo histórico de aquellos años de horror. Milei ha avanzado en el desmantelamiento de la secretaría de Derechos Humanos.
También se propone devolver a los militares el protagonismo en las tareas de seguridad interior, un papel que fue prohibido expresamente por el Congreso cuando se recuperaron las instituciones democráticas, el 10 de diciembre de 1983. Los miles de víctimas fatales de la represión ilegal, además del ejercicio sistemático de la tortura y el secuestro dieron fundamento al cuerpo legal que buscaba expresamente recortar el poder de las
Fuerzas Armadas. Su rol se circunscribió desde entonces a la defensa de agresiones externas.
A la vez, esta semana se cerró el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti que funcionaba en las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el campo de concentración que se levanta en una de las principales arterias de la ciudad de Buenos Aires, la avenida del Libertador, por donde pasaron unas 5,000 personas, en su mayoría desaparecidas entre 1976 y 1983.
“Lo que están haciendo es inhumano”, dice Taty Almeida, la principal dirigente de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que tuvo un papel relevante durante la última dictadura (1976-83) sostuvo que estas decisiones “no hacen más que dar cuenta del grado de perversidad de un gobierno que niega los crímenes del terrorismo de Estado y reivindica a sus responsables”.
👤 #Milei rompe un pacto democrático en #Argentina y devuelve a los militares a las calles para tareas de seguridad
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— El Periódico de Aragón (@periodicoaragon) January 12, 2025
La ultraderecha no solo aspira a una revisión completa de los lacerantes años 70, Milei ha firmado dos decretos por los cuales las instituciones castrenses recuperan parte de las atribuciones del pasado.
El presidente tendrá en adelante la potestad de decidir las circunstancias que habilitarán la participación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió sobre las consecuencias de este punto de quiebre respecto de la tradición de las últimas cuatro décadas.
A partir de ahora, “el presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior”. De esta manera, se encuentra en condiciones de “militarizar” los conflictos sociales.
Para Manuel Tufró, del CELS, la ambigüedad del concepto “valor estratégico” es una “carta blanca” para devolver a los militares un protagonismo en asuntos de los que estaban excluidos.
Las Fuerzas Armadas se transformarán en “fuerzas casi policiales”. De hecho, uno de los puntos más controvertidos del texto es el que otorga a los uniformados luz verde para “proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos”. El giro político supone también una redefinición de las tareas de la inteligencia estatal que a los especialistas le recuerdan la figura del “enemigo interno” que tuvo tanta prevalencia décadas atrás.
Tufró señaló al respecto: “arrastrar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad es un objetivo puramente político declamado por este gobierno y con riesgos institucionales evidentes. La agitación de indefinidas ´amenazas terroristas` es funcional al desborde de las Fuerzas Armadas hacia el ámbito de la seguridad interior”. Esto sucede “sin debate político ni control institucional”.