Advierten que están en “alerta máxima” y de aprobarse, convocarán movilizaciones y demandarán por inconstitucional la ley
Al parecer los diputados han sido sometidos a las presiones, amenazas y chantajes del Ejecutivo y lo que observamos anoche,17 de enero, luego de ocho horas de espera de la reunión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, fue una aplanadora para aprobar un primer bloque de 50 artículos con simples cambios cosméticos algunos y otros lesivos a la CSS, para contentar al Gobierno y los empresarios y sin la presentación de un informe de los aportes de organizaciones y ciudadanos sobre este tema”, dijeron los sindicalistas en un comunicado.
Advierten que la preocupación es mayor, toda vez que aseguran saber que hay diputados y bancadas dispuestos a apoyar el aumento de la edad de jubilación y la privatización de los fondos de todos los programas de la CSS, lo cual es totalmente contrario a lo expresado por el pueblo en las consultas, en foros, en manifestaciones en todo el país, que optaron por retomar y fortalecer el sistema solidario y la no privatización y disminución de las pensiones, fórmula esta que ha fracasado en los países en que se desarrolló, llevando a la inmensa mayoría de ellos a revertirlo.
Aseguran que de aprobarse ese proyecto de ley, utilizarán todos los recursos a su alcance, incluida una demanda de inconstitucionalidad ante la ilegalidad que representa la aprobación de un proyecto en sesiones regulares de la Asamblea, que no fue aprobado en las sesiones extraordinarias para las cuales fueron convocadas por el Ejecutivo en noviembre y diciembre de 2024, exclusivamente para ese fin.
El gremio se declaró en alerta máxima y anunció que convocará al pueblo panameño a desarrollar acciones y movilizaciones para impedir el avance de ese anteproyecto.
Finalmente, la Alianza Pueblo Unido por la Vida llamó a “un verdadero diálogo social, donde, de cara al pueblo y en debates televisados, con presencia de la OIT, las distintas partes presenten sus sustentos y corridas, a lo cual se niegan el gobierno y los empresarios”.