Analistas ven en la actitud agresiva de Brenes las acciones precursoras del “audito severo” a la empresa iniciado por el contralor Bolo Flores
El asesor Económico de la Presidencia, el banquero Roberto Brenes, habría escenificado la noche de este jueves un escándalo durante el desarrollo de la fiesta anual de la empresa Hutchison Ports PPC, según informaron testigos.
De acuerdo a esa versión, Brenes llegó a la celebración y cuando las recepcionistas confirmaron que estaba invitado como asesor presidencial, se molestó y exigió que se le reconociera como representante del Ejecutivo en la junta directiva de Hutchison Ports PPC.
Ante el desconcierto de las recepcionistas, que solo estaban cumpliendo con su papel, Brenes las amenazó furioso.
“Yo soy el representante del gobierno, esto no se queda así”, respondió, agresivo.
“Ustedes me la van a pagar”, añadió furibundo.
Algunos de las decenas de invitados a la celebración, con la que anualmente Hutchison Ports PPC agasaja a sus usuarios y presenta sus proyecciones futuras, mostraron sorpresa y desagrado ante el episodio montado por Brenes.
Lo curioso del incidente es que el diario La Prensa –como si estuviera coordinado con Brenes- publicó este viernes una noticia y una glosa sobre quién es el representante del Ejecutivo en la junta directiva de la empresa portuaria.
Informan que el representante es Brenes, pero cuestionan que quien aparece en el Registro Público es el representante anterior, José Rojas Pardini, ministro Consejero del gobierno de Nito Cortizo.
“Se desconoce por qué aún no es visible la designación de Brenes en el Registro Público, puesto que incluso ya habría participado en algunas reuniones de la junta directiva”, dijo La Prensa.
En la sección Tal Cual, La Prensa redunda en el tema del remplazo de Brenes por Rojas Pardini. “¿Por qué no han llevado ese documento al Registro Público? Y si lo hicieron, entonces, ¿por qué no está inscrito aún?
¿Quién es el responsable de eso?”, se pregunta el diario, en una evidente complicidad con lo actuado por Brenes en la recepción del evento de Hutchison Ports PPC.
Se supo que, semanas atrás, Brenes envió una nota a la Dirección de Finanzas, en términos poco comedidos, exigiendo el último informe financiero, un documento entregado sistemáticamente a la AMP, rectora de la actividad portuaria del país.
En esa solicitud, Brenes incluyó el pedido de información financiera sobre empresas subcontratistas de Hutchison Ports PPC, algo totalmente improcedente y fuera de lugar, opinaron conocedores del caso.
Analistas ven en esa actitud agresiva de Brenes hacia la empresa trasnacional portuaria, parte de las acciones precursoras de la decisión de Bolo Flores, el nuevo contralor general, de iniciar un “audito severo” a la concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal, pese a haberse realizado hace tres años un audito similar dentro de los tramites de renovación del contrato.
Hutchison Ports PPC, informó que ante la nueva auditoría iniciada por la Contraloría General de la República (CGR) “está cooperando plenamente y con la debida transparencia”.
Recordó que en los años 2020 y 2021, la empresa fue objeto de auditorías por parte de la CGR y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que “demostraron el íntegro cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales”.
Al mismo tiempo la empresa salió al paso a afirmaciones del contralor Flores en el sentido de que Hutchison Ports PPC no ha hecho aportes al Estado en los últimos tres años.
Informó en un comunicado que ha pagado en los últimos tres años $59 millones al Estado panameño, adicional a $38 millones en concepto de tarifa por movimientos de contenedores. Todos cancelados mediante cheques en favor del Estado panameño, según establece el Contrato-Ley.
Hutchison Ports PPC destacó, al mismo tiempo, que en el 2021 pagó $165 millones en dividendos y aportes extraordinarios, de los cuales $35 millones fueron adelantados en concepto de dividendos, a petición del propio Estado panameño, para enfrentar la crisis financiera.
En la actualidad, Hutchison Ports PPC es el único operador portuario en el país en donde el Estado es accionista, habiendo pagado durante la concesión $658 millones, superando con creces las contribuciones de cualquier otra empresa portuaria en Panamá.
“Desde nuestra llegada, hemos contribuido a la economía nacional con más de $5,900 millones, incluyendo valor agregado, efectos indirectos, dividendos y pagos al Estado”, resaltó la empresa portuaria.