La discusión se mantiene en sesión permanente en el pleno de la AN tras algunas modificaciones
El proyecto de ley que autoriza la transferencia de fondos extraordinarios a la Caja de Seguro Social (CSS) para reforzar parcialmente los costos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) correspondientes al mes de febrero, que destina recursos para el pago de pensiones y jubilaciones, fue aprobado en segundo debate.
El referido proyecto que avanza a tercer debate, autoriza la transferencia de fondos extraordinarios, por un monto de $91 millones a la CSS y entre las modificaciones están la eliminación del Artículo 6 del proyecto original.
La aprobación se dio después de un extenso cuestionamiento financiero al viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández y al director de la CSS, Dino Mon, sobre de dónde saldrán los fondos, cosa que los funcionarios dijeron desconocer con exactitud, solo que se extraerán del Presupuesto General del Estado, sin detallar las instituciones de las cuales serán transferidos los fondos extraordinarios.
Los diputados reiteraron en el debate que daban respaldo a la propuesta de ley en apoyo a los jubilados y pensionados, pero advirtieron que estarán atentos de que los recursos no sean extraídos de proyectos de inversión social o que afecten renglones de importancia para la ciudadanía.
Los parlamentarios, en consenso, consideraron dos modificaciones a la norma al texto original relativas al título del documento con el propósito de ajustarlo al concepto preciso de autorizar y no ordenar y de eliminar el Artículo 6 sobre la reasignación de los fondos transferidos.
Además, se informó que el Articulo1 también fue modificado y quedó de la siguiente manera: “Para el cumplimiento de los fines de la presente ley, las transferencias extraordinarias de los recursos financieros establecidos en el Artículo 2, una vez aprobada la presente ley, deberán pasar a la Comisión de Presupuesto para su aprobación de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes de administración presupuestaria. Los fondos para la ejecución de la presente ley no podrán provenir de los destinados a inversión de las diferentes instituciones del Estado”.