Estarían involucrados, el diputado oficialista Orlando Arévalo, las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y la jueza Sadi López
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a los representantes del Poder Legislativo y Judicial, condenó “enérgicamente” este lunes cualquier acto de corrupción y pidió que caiga “todo el peso de la ley” sobre quien viole el orden jurídico, cuando el país ha sido sacudido por denuncias de un presunto entramado de corrupción judicial, que al parecer involucra a legisladores, jueces y fiscales en pedidos de “favores” y “ofrecimientos de dinero”, informó la agencia EFE.
Peña convocó esta jornada a una reunión del Consejo Nacional Anticorrupción en el Palacio de López, sede del Ejecutivo en Asunción, tras la divulgación de unos presuntos chats extraídos de un teléfono móvil del diputado oficialista Eulalio Lalo Gomes, fallecido el 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento a su vivienda.
“Condenar absoluta y enérgicamente todo y cualquier acto que suponga la desnaturalización, corrupción o direccionamiento indebido de los órganos constitucionales legítimamente constituidos”, fue uno de los compromisos de una declaración firmada en la llamada ‘Cumbre de Poderes’ que Peña leyó en una conferencia de prensa.
El documento, también rubricado por los titulares del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Contraloría, sostiene que “todo el peso de la ley debe caer inflexiblemente sobre todos aquellos que hayan violado el orden jurídico” y que las autoridades colaborarán “para que no queden responsables sin sanción”.
La reunión tuvo lugar luego de que el pasado 3 de febrero el juez penal especializado en crimen organizado Osmar Legal comunicó al Ministerio Público que encontró presuntos chats de Gomes relacionados con “pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero” que supuestamente involucran al diputado oficialista Orlando Arévalo -quien renunció a su curul y a su cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)- a las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano y la jueza Sadi López.
En ese contexto, el gobernante pidió las instituciones que “impulsen y alcancen la aprobación” de un reglamento que imponga “restricciones” a los miembros del JEM -el órgano que juzga a jueces, fiscales y defensores públicos- para “mantener reuniones o comunicaciones privadas con magistrados en general”, además que sus comunicaciones “deberán ser oficiales y públicas”.
El mandatario recordó que la implementación de dicho reglamento se acordó el 23 de noviembre del 2023, cuando las autoridades de los tres poderes del Estado anunciaron una estrategia de combate a la corrupción, al cumplirse sus primeros 100 días de gestión.
Igualmente, las autoridades firmantes de la declaración se comprometieron a “defender y garantizar la libertad de prensa” y “la debida protección jurídica y física” a los periodistas que denuncian actos de corrupción.
También firmaron la declaración el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana; los presidentes del Senado y del Congreso Nacional, Basilio Núñez; de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; de la Corte Suprema de Justicia, César Diésel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; y el contralor general de la República, Camilo Benítez.
Las denuncias de Legal motivaron la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público y la instrucción de sumarios administrativos para las fiscales Uemura y Cano y la jueza López, quien dimitió en medio del escándalo.