Los ataques están produciendo en momentos en que una concesionaria portuaria es objeto de una auditoría por parte de la Contraloría General, a instancias del gobierno presionado por la administración Trump
Por allí circuló un escrito que suponía hechos sin comprobar y planteamientos que, en lo tocante a desarrollos logísticos y de infraestructura portuaria, resultan antojadizos. Requieren de bases sólidas sobre los cuales fundamentarse. Eso, sin contar, que no porque a mí se me antoja hacer la maqueta de un proyecto, éste se materializará.
De eso se trata el olvidado proyecto de una terminal portuaria en Corozal. Inicialmente inviable por los riesgos financieros, puesto que la realidad demostró que la crisis económica del 2008, con sus graves efectos sobre el comercio marítimo global, lo habría dejado en el basurero de las pésimas inversiones.
Como a alguien tenían que echarle la culpa de esos desatinos, los promotores del puerto de Corozal, culparon a Panamá Ports Company (PPC), concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal. El improvisado proyecto, de concretarse, habría significado una competencia a los puertos del Pacífico, Balboa y Rodman, por lo que no puede criminalizarse a PPC por interponer acciones legales para defender sus intereses.
Llama la atención que esos ataques desempolvados contra una concesionaria portuaria, se estén produciendo en momentos en que es objeto de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República (CGR), a instancias del gobierno nacional, presionado por la administración Trump.
En el escrito que ha circulado, se insiste en que PPC no ha pagado lo acordado con el Estado en 1997. Algo en lo que ha caído el contralor Anel Flores, extralimitándose en sus funciones al adelantar lo que espera encontrar en el audito en marcha.
La realidad es que la concesionaria ha pagado dividendos al Estado por $658 millones en los últimos 25 años. Hasta mostró copia de cheques por $165 millones pagados recientemente al fisco nacional. Eso, adicional a las sumas pagadas anualmente por el movimiento de contenedores y otros ingresos.
No se habla de esto, pero PPC es el único concesionario que paga dividendos al Estado.
Sin duda que ha costado construir entre todos los concesionarios, el actual sistema portuario nacional. Se han invertido más de $5,500 millones, una cifra similar a la ampliación del Canal, de cuyo total PPC ha aportado cerca de $1,700 millones.
Entre todos los concesionarios, transformaron el viejo complejo industrial, marítimo y militar que construyó Estados Unidos, en una plataforma logística clave para el comercio marítimo global.
Las concesiones privadas a grandes compañías internacionales, que tenían flotas para comerciar, permitieron rápidamente a Panamá escalar a la primera posición en el mundo marítimo. Actualmente los puertos concesionados mueven 9.5 millones de TEUS anuales y la meta es alcanzar los 15 millones, que es la capacidad instalada.
La posición geográfica, con el Canal como eje central, convierte a sus puertos en puntos de conexión cruciales para el comercio marítimo internacional, y la plataforma logística es la herramienta vital para el desarrollo comercial y económico.
El Canal y su sistema portuario, que coadministra con las cuatro concesionarias, se convierten en elemento clave para el 70% del comercio global que se transporta por mar y transita por los puertos del mundo. El Canal ampliado y sus puertos conectan con 144 rutas marítimas y 1,700 puertos en 160 países. Eso es lo que está en riesgo ante las amenazas de Trump.
Internamente, algunos competidores y empresarios locales del mundo de las finanzas están conspirando contra la concesionaria PPC. Contribuyen a propagar infundios y el cuento chino de Trump sobre que soldados de Pekin pueden cerrar el Canal en caso de un conflicto. El gobierno y el Canal han rechazado con vehemencia esas aseveraciones sin fundamento. También lo ha hecho la prensa mundial.
Panamá no puede andar cancelando contratos bajo presiones, porque le crea al país un problema de imagen reputacional, que dificultará seriamente la atracción de grandes inversiones a futuro.
De todos es sabido que la estabilidad jurídica y certeza en el cumplimiento de los contratos, son esenciales para mantener la confianza de los inversionistas y garantizar el crecimiento económico del país.