El audito pone en evidencia una acción concertada para tratar de contener las amenazas de Trump
Han surgido por lo menos tres preguntas que han dejado en el ambiente la actuación del contralor general, Bolo Flores, en la trama actual contra la concesionaria Hutchison Ports PPC.
Expertos en temas marítimos y portuarios preguntan a Flores por qué está interviniendo de forma tan selectiva y sin disimular su agresividad contra la administradora de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Cuestionan que haya hecho declaraciones, extralimitándose de sus funciones, sobre los resultados que espera obtener del audito iniciado hace cuatro semanas sobre los estados financieros de la empresa Hutchison Ports.
“Por qué no emprendió el mismo audito contra las otras concesionarias que administran puertos en la entrada del Pacífico y del Atlántico del Canal”, se preguntan.
Añaden que “es evidente que hay una intencionalidad de hacerle daño a una empresa que ya fue auditada hace cuatro años en el marco de la renovación del Contrato Ley por 25 años”.
La empresa ha demostrado sus pagos al Estado por un total de $658 millones desde que se suscribió la concesión en 1997, invirtiendo cerca de $1,700 millones en modernización de los puertos concesionados y ha cumplido con todos los términos del Contrato Ley.
Además sus estados financieros son entregados en forma regular a la Autoridad Marítima de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas. Es auditada además por la firma PricewaterhouseCoopers, reconocida por cumplir los requisitos aceptados internacionalmente. Hutchison Ports PPC, es filial de CK Hutchison Holdings Limited, una transnacional que cotiza en la bolsa de Hong Hong.
Otra pregunta que se hacen los expertos es si Flores sabía que detrás de la decisión de ordenar la auditoría, estaba la presión de la nueva administración de Donald Trump y las amenazas de recuperar el Canal y obligar al Ejecutivo local a cancelar la concesión a Hutchison Ports PPC.
“El audito iniciado por el contralor Flores, pone en evidencia una acción concertada para tratar de contener las amenazas de Estados Unidos”, afirmaron los expertos.
También preguntan si las acciones de Flores guardan relación con denuncias hechas por el abogado Willy Cochez acerca de la asociación de empresarios locales del mundo de las finanzas y negociantes venezolanos, cercanos a la dictadura chavista, que están tratando de hacerse con las acciones de la concesionaria de los puertos de Balboas y Cristóbal.
“Es de esperarse que el contralor Flores esté ajeno a esa banda de asaltantes que quieren pescar en río revuelto”, señalaron los expertos, añadiendo que “si ha tenido conocimiento de semejante conspiración, es oportuno que tome distancia para no verse involucrado con elementos de dudosa reputación”.