“Solo conozco a dos personas a quienes la procuradora Porcell escucha y son usted y RL (Rolando López, exsecretario del Consejo de Seguridad)”, comentó el exministro Alemán
Al quedar al descubierto la complicidad del fallecido abogado Rogelio Saltarín, Rolando López, exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y la exprocuradora general, Kenia Porcell, el expresidente Juan Carlos Varela preparó una lista de los abogados que le habían dado servicios profesionales al Estado.
Justificó, a través de un comunicado, la contratación de firmas de abogados, locales e internacionales, como “una decisión necesaria e indispensable para atender los graves hechos de corrupción del quinquenio pasado”.
De acuerdo a los Varelaleaks, el expresidente Informó que su gobierno no solo contrato a la oficina de abogados Saltarín, Arias & Auditores Jurídicos, sino a las firmas Arias, Fábrega y Fábrega; Icaza, González Ruiz y Alemán; Morgan y Morgan; y Tapia, Linares y Alfaro. A nivel internacional a Hogan Lovells, Shearman & Sterling y Quinn Emanuel Urqurart & Sullivan, LLP.
“Jooo, qué parto”, le escribió el abogado Fernando Berguido a Varela, cuando se publicó el comunicado. “Parece que algunas firmas le dolió”, respondió el expresidente.
En medio de la crisis de la procuraduría paralela, Varela se defendía ante su ministro de la Presidencia.
“Álvaro (Alemán, exministro de la Presidencia) yo no tengo nada que ver con las decisiones que tome el Ministerio Público”, le afirmó.
“De acuerdo, pero solo conozco a dos personas a quienes esta señora (la exprocuradora Porcell) escucha y son usted y RL (Rolando López, jefe del CSN)”, le contestó Alemán.
La exministra de Gobierno, María Luisa Romero, razonaba que “lo que pasa es que el país siempre ha funcionado con el presidente dictando lo que hace el MP. Nadie entiende que esta procuradora realmente actúa de manera autónoma”.
En ese momento, el abogado Inocencio Galindo, expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), criticó la actuación de Porcell.
El expresidente, de acuerdo a los Varelaleaks, comentó que Galindo, en lugar de cuestionar al gobierno varelista, debía mencionar a los abogados relacionados con la “Taquilla”, una banda conformaba por un cartel de abogados que negociaba los expedientes armados por la procuraduría paralela y los fallos de los jueces.
El CSN le había adelantado a Varela un comunicado de la CCIAP solicitando que “se investigue lo publicado por La Estrella sobre la supuesta intervención del CSN en casos de alto perfil relacionados con posibles actos de corrupción y cuya investigación y procesamiento es exclusivo de las instancias de administración de justicia”.
También le incluyeron el comunicado del expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionicio Rodríguez, denunciando a Saltarín, Porcell y López.
“Saltarín, un particular tenía poderes iguales o superiores a los que tiene un procurador general de la Nación o un fiscal, concentrando facultades de injerencia sobre evidencias y futuras pruebas a utilizarse en procesos judiciales”.
Cuestionó a Porcell por “la preparación preliminar de investigaciones y procesos desde el CSN de los cuales después conocería como máxima autoridad del Ministerio Público, violentando principios esenciales contemplados en la Constitución y la ley”.
“Las actuaciones del Consejo de Seguridad Nacional –añadió el informe- vulneran el debido proceso y las normas legales en materia de investigación penal”.
El 10 de octubre del 2017, el CNA solicitó la renuncia de Porcell.
Las conclusiones de los abogados litigantes eran que Porcell ponía cerrojo a los casos con los que no estaba de acuerdo.
El abogado Julio Quijano hizo gestiones ante Varela para hablar con Porcell en favor de Vernon Salazar, detenido por peculado en el Centro Penitenciario El Renacer.
El 15 septiembre del 2017, Varela le dijo que debía pedir directamente la cita con la procuradora. Quijano hizo tres intentos y nada. “Ok. Averiguo”, se comprometió Varela. Al mes siguiente, Quijano le recordó el caso de Salazar. Varela insistió en que debía pedirle cita a Porcell.
Por esos días, Quijano conversó con el expresidente sobre el interés en vender un edificio para “mudarse a otro lugar”. “Le digo a Pancho Sierra (su exministro Consejero y financista), que busque a alguien que compre a todos”, propuso Varela. “Perfecto”, contestó Quijano. Por gestiones de Sierra, Varela compró el edificio donde funcionó el grupo de emisoras de su propiedad.
El 9 de octubre y luego el 16, el 18 y el 25 de ese mismo mes, Quijano le pidió ayuda para lograr una cita con Porcell para tratar sobre “la decisión arbitraria o equivocada” del caso de Salazar quien cumplía dos meses en
El Renacer. “Nuestras peticiones para una cita han sido ignoradas hasta la fecha”, añadió.
El 2 de diciembre del 2017, Quijano se resignó a que Salazar pasara detenido esa Navidad. “Hay fuerzas oscuras que no permiten que se haga justicia. Te pido que intercedas”, le escribió. “Ve y conversa con el Ministerio Público. Eso de fuerzas oscuras, no existe”, respondió el presidente. “Lo hemos hecho, repetidamente, y la procuradora no responde. Necesitamos una ayuda con la procuradora”, planteó Quijano.
El 6 de enero del 2018, se registró la última comunicación entre ambos. “Es una aventura lograr una cita con la procuradora”, lamentó.
En marzo del 2018, Salazar obtuvo una fianza de excarcelación y el posterior sobreseimiento provisional. En agosto del 2022 asistió a una audiencia preliminar con miras al sobreseimiento definitivo.