Se enfrentan no solamente con las dificultades operativas para hospedar y trasladar a estas personas, sino con la legalidad misma del proceso
En torno a medio millar de migrantes, principalmente procedentes de países asiáticos, están siendo deportados por el gobierno de Donald Trump hacia Panamá y Costa Rica desde donde -se espera- los trasladen a un nuevo destino, informó la cadena británica BBC Mundo.
Durante la última semana llegaron a Panamá deportados desde Estados Unidos unos 300 migrantes de distintas nacionalidades, especialmente de países asiáticos como India, China, Uzbekistán, Irán, Vietnam, Turquía, Nepal, Pakistán, Afganistán y Sri Lanka.
Se espera que empiecen a llegar a Costa Rica los primeros deportados por Estados Unidos.
En una declaración divulgada por la oficina del presidente costarricense, Rodrigo Chaves, se informó que ese país “colaborará” con Estados Unidos en la repatriación de unos 200 migrantes.
El texto destaca que se trata de personas originarias de países de Asia Central y de India.
Tanto Panamá como Costa Rica han asegurado que estas operaciones son financiadas por Estados Unidos y que se llevan a cabo bajo la supervisión de la Organización Internacional de Migraciones, un organismo que forma parte del Sistema de Naciones Unidas.
El gobierno de Costa Rica aseguró que ese país servirá de “puente” para que esos migrantes lleguen a sus países de origen.
Sin embargo, la experiencia de los primeros deportados llegados a Panamá parece indicar que se trata de un proceso complejo que plantea fuertes desafíos para los países latinoamericanos.
Estos se enfrentan no solamente con las dificultades operativas para hospedar y trasladar a estas personas, sino además con la legalidad misma del proceso e, incluso, con la conveniencia de que estos migrantes sean devueltos a sus países de origen.
Pero ¿qué implica que Panamá y Costa Rica hayan aceptado recibir a estos deportados?
El traslado de la responsabilidad
Muzaffar Chishti, investigador principal del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, explica que al enviar a esas personas a otros países que los recibieron, Estados Unidos se libró de su responsabilidad hacia los deportados.
“Una vez que te llevas a esas personas fuera, las leyes, la Constitución y las regulaciones estadounidenses ya no aplican. Si esas personas tenían algún derecho bajo la ley estadounidense, al llegar a Panamá eso desaparece”, dice Chishti en conversación con la cadena BBC Mundo.
El experto cree que probablemente una de las principales motivaciones de Washington para deportar hacia Centroamérica a estas personas es que muchas proceden de los llamados países “recalcitrantes”, que son aquellos que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de nacionales deportados de Estados Unidos, por lo que hace falta realizar constantes negociaciones diplomáticas con esos gobiernos.
«Al enviarlos a Panamá, Estados Unidos sale de la foto. Es un dolor de cabeza para Panamá hacerse cargo de esas negociaciones y ver cómo hacer para que esos países acepten recibirlos de nuevo», apunta.
Juan Navarrete, abogado especializado en derechos humanos que trabaja en el tema migratorio con Amnistía Internacional, considera que probablemente muchas de esas personas requieren de protección internacional, pues en muchos casos proceden de países que viven conflictos armados internos o internacionales, o bajo gobiernos autoritarios que no respetan los derechos humanos.
Juan Navarrete apunta que ahora, al recibir a estos deportados desde Estados Unidos “los responsables en materia de Derechos Humanos a nivel internacional por lo que les pueda ocurrir van a ser Panamá y Costa Rica”.