Abogados y defensores de derechos humanos advirtieron que Panamá se estaban convirtiendo en “agujeros negros” para los deportados
Después de semanas de demandas y críticas relacionadas con los derechos humanos, Panamá liberó este sábado a decenas de migrantes que llevaban semanas detenidos en un campamento remoto tras ser deportados de Estados Unidos, y les dijo que tenían 30 días para abandonar el país, informó el medio dominicano Listín Diario citando agencias internacionales de noticias.
Las autoridades han dicho que los deportados tendrán la opción de extender su estancia por 60 días si lo necesitan, pero después de eso muchos no saben qué harán.
Hay migrantes de China, Rusia, Pakistán, Afganistán, Irán, Nepal y otras naciones, que pasaron detenidos en malas condiciones por el gobierno panameño, que ha dicho que quiere trabajar con el gobierno de Donald Trump “para enviar una señal de disuasión” a las personas que esperan migrar.
Grupos de derechos humanos y abogados que abogan por los migrantes estaban esperando en la terminal de autobuses y se apresuraron a encontrar refugio y otros recursos para los migrantes liberados. Decenas de otras personas permanecieron en el campamento.
Los deportados, en su mayoría de países asiáticos, formaban parte de un acuerdo entre el gobierno de Trump, Panamá y Costa Rica mientras la Casa Blanca intenta acelerar las deportaciones.
El gobierno estadunidense envió cientos de personas, muchas familias con niños, a los dos países centroamericanos a modo de escala mientras las autoridades organizan una forma de enviarlos de regreso a sus países de origen.
Los críticos lo describieron como una forma de que Estados Unidos externalice su proceso de deportación.
El acuerdo alimentó preocupaciones sobre derechos humanos cuando cientos de deportados detenidos en el hotel Decápolis colocaron notas en sus ventanas pidiendo ayuda y diciendo que tenían miedo de regresar a sus propios países.
Según la ley internacional de refugiados, las personas tienen derecho a solicitar asilo cuando huyen de conflictos o persecuciones.
Aquellos que se negaron a regresar a casa fueron enviados más tarde a un campamento remoto cerca de la frontera de Panamá con Colombia donde pasaron semanas en malas condiciones, fueron despojados de sus celulares, no podían acceder a asesoría legal y no se les informó a dónde irían después.
Abogados y defensores de derechos humanos advirtieron que Panamá y Costa Rica se estaban convirtiendo en “agujeros negros” para los deportados, y dijeron que su liberación era una forma para que las autoridades panameñas se lavaran las manos de los deportados en medio de crecientes críticas por violaciones de los derechos humanos.
Tras la liberación del sábado por la noche, abogados de derechos humanos identificaron al menos a tres personas que requirieron atención médica. Una llevaba una semana vomitando, otra tenía diabetes y no había tenido acceso a insulina en el campamento, y una tercera persona estaba infectada de VIH y tampoco había tenido acceso a medicamentos durante su detención.
Aunque las organizaciones internacionales de ayuda dijeron que organizarían viajes a un tercer país para las personas que no querían regresar a casa, las autoridades panameñas dijeron que las personas liberadas ya habían rechazado ayuda.