“La clave para entender esta reforma es el contexto en el que el chavismo busca reconstruir una nueva estructura legal que le permita sostenerse a la fuerza”, denuncian
Era finales de diciembre, apenas días antes de la toma de posesión del nuevo período, cuando el dictador Nicolás Maduro anunció su intención de impulsar una reforma constitucional para “consolidar la soberanía popular”.
Desde ese instante se hizo clara la dirección que pretendía tomar la administración chavista de cara a la investidura del 10 de enero de 2025, para la cual resultó electo Edmundo González, según las actas electorales emitidas por las máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó el diario El Nacional.
Para cumplir esa tarea, Maduro designó una comisión conformada por personas cercanas y leales que han desempeñado diversos cargos en su administración. Entre ellos destacan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, el fiscal Tarek William Saab, el ministro Vladimir Padrino López, y Cilia Flores, esposa del mandatario.
Si bien no es la primera vez que Maduro recurre a la aplicación de nuevas reformas para aplacar una crisis política, en esta ocasión parece ir direccionado a regularizar prácticas represivas ocurridas días después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, advierten expertos consultados por El Nacional.
La reforma, adicionalmente, abre un nuevo debate. Éstas deben ratificarse mediante votación popular, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. En ese sentido, que esta iniciativa ocurra en medio de la crisis de legitimidad que enfrenta Maduro y el fraude electoral denunciado por la oposición y la comunidad internacional (con base en las actas electorales), contribuye a restarle credibilidad al proceso.
“La clave para entender esta reforma es el contexto”, asegura el politólogo Walter Molina. A su juicio, todo comenzó con la derrota del chavismo antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio del 2024, cuando millones de venezolanos manifestaron su apoyo a González.
“Ahora, el chavismo busca reconstruir una nueva estructura legal que le permita sostenerse a la fuerza. La instauración del ‘poder comunal’ no es más que la fachada para su objetivo real: eliminar cualquier vestigio de institucionalidad republicana y avanzar hacia un modelo totalitario. El sistema se rompió ante la realidad que impuso el pueblo venezolano”, sostiene Molina.
En este escenario, dirigentes de la oposición venezolana y diversos sectores de la sociedad civil han expresado preocupación por la reforma. La consideran un intento de consolidar un modelo autocrático que usará el oficialismo para perpetuarse en el poder sin necesidad de contar con la mayoría electoral.
De esta manera, denuncian que la inclusión del “poder comunal” resulta una estrategia para reforzar el control político y social del chavismo.
Durante los días posteriores al 28 de julio del 2024, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desplegaron canales de comunicación, como número de teléfono de contacto, para reportar a personas que participaran en protestas o se manifestaran de algún modo en contra del autoproclamado triunfo de Maduro.
Lo que vino después fue una ola intensa de represión que encarceló a miles de opositores en apenas horas.