Se repiten las polémicas en torno al impacto social y ambiental e incluso sobre el rédito real para los Estados, de una región rica en oro, plata y cobre
Centroamérica, una región rica en minerales y en biodiversidad, enfrenta dividida el tema de la minería metálica, que genera tanto expectativas por su rédito económico como desconfianza y rechazo por los potenciales daños ambientales y la conflictividad social que apareja, informó la agencia EFE.
Un claro ejemplo es Panamá y el inminente inicio de conversaciones entre el Gobierno del presidente José Raúl Mulino y la empresa canadiense First Quantum Minerals sobre el futuro de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica (Cobre Panamá), una obra con inversión de $10,000 millones, según datos de la empresa, inhabilitada por un fallo judicial en noviembre del 2023.
El Ejecutivo panameño, muchos analistas y ciudadanos señalan que el cierre del gigantesco yacimiento descalabró una economía que ya venía dando tumbos y puso al país a las puertas de demandas mil millonarias, mientras que ambientalistas, sindicatos de izquierda y una parte de la población hablan de daños a la naturaleza que ninguna cifra económica justifica, además de violaciones a las leyes, incluida una moratoria indefinida vigente desde el 2023.
Aunque los montos económicos del proyecto panameño -la mina de cobre representaba alrededor del 5 % del producto interno bruto (PIB)- no se repiten, sí lo hacen las polémicas en torno al impacto social y ambiental e incluso sobre el rédito real para los Estados que tiene la minería en Centroamérica, que es rica en oro, plata y cobre.
En Guatemala existen más de 20 licencias activas para la extracción de metales como níquel, cobre, plata y petróleo, que forman parte de las 345 licencias mineras activas, la mayoría de ellas para explotar arena y piedra, de acuerdo con datos de la ONG Observatorio de Industrias Extractivas.
En ese contexto, es habitual la oposición de comunidades indígenas a los proyectos mineros instalados sin consulta previa, como es el caso de la mina de plata El Escobal, propiedad de la canadiense Pan American Silver, cuya actividad está suspendida por un litigio y ha sido acusada de generar niveles peligrosos de arsénico en las fuentes de agua.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León ha iniciado un nuevo proceso de certificación para actualizar los estándares de las firmas mineras activas en Guatemala y determinar la cancelación de licencias que incumplan requisitos en materia de derechos humanos y cuidado ambiental.
En Nicaragua, el oro es el principal producto de exportación, con la empresa canadiense Calibre Mining a la cabeza. Hasta agosto del 2024, se habían otorgado en el país 248 concesiones mineras, de ellas 144 para la minería metálica, según los datos del Gobierno.
A empresas de China, un aliado estratégico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se le han otorgado 17 concesiones mineras en los últimos dos años sobre todo en zonas habitadas principalmente por indígenas y que acoge parte de la reserva Bosawas.
En Honduras, gracias a concesiones otorgadas por varios gobiernos, surgieron empresas en los cuatro puntos cardinales del país para la extracción a cielo abierto de varios metales, lo que derivó en una división entre personas a favor, principalmente las que lograron un empleo, y las opositoras a cualquier proyecto por el daño ambiental que causan.
Y la violencia también ha marcado a algunos proyectos, como es el caso de la Minera Los Pinares, que paralizó la extracción de hierro luego de que en septiembre pasado fuera asesinado el concejal de la Alcaldía de Tocoa y ambientalista, Juan López, quien se oponía a la empresa.
El Salvador mantuvo una prohibición de la minería metálica desde el 2017 pero esa fue revertida en diciembre pasado por iniciativa legislativa del autócrata Nayib Bukele, que aseguró que el país posee los yacimientos de oro “con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”.
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de cuatro millones de personas en El Salvador, un país de 6.3 millones de habitantes.
Además, la realización de actividades mineras en El Salvador “amenaza directamente” a la cuenca del Río Lempa, que es “la principal fuente de agua para más del 50% de la población salvadoreña”, según dijo recientemente la ambientalista Irene Díaz.
En Costa Rica, desde 2010 rige, por varios decretos presidenciales, una moratoria por tiempo indefinido a la minería metálica a cielo abierto, pero en noviembre pasado el gobierno de Rodrigo Chaves presentó al Congreso un proyecto de ley para reactivar la exploración y explotación de oro en la localidad de Las Crucitas, escenario de un fallido proyecto minero que estaba a cargo de una empresa canadiense.
En República Dominicana la minería representa el 18% de las exportaciones, con el oro y el níquel como principales componentes. El país tiene actualmente la vista puesta en las tierras raras, con unas reservas que, según el presidente Luis Abinader, rondan los 100 millones de toneladas.
En el país caribeño está una de las mayores minas de oro del mundo, la de Pueblo Viejo, que opera, no sin polémica, una subsidiaria de la canadiense Barrick Gold a unos 100 kilómetros al noroeste de Santo Domingo.