Los abogados de varios de los venezolanos deportados aseguran que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, ni han cometido crimen alguno
Una jueza estadounidense consideró este lunes que “los nazis recibieron mejor trato” que los venezolanos expulsados a El Salvador cuando seles aplico la ley de enemigos extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial, informa el diario El Nacional.
El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump envió dos aviones con migrantes venezolanos a una megacárcel de El Salvador el 15 de marzo tras invocar esa ley de 1798, usada hasta ahora en tiempos de guerra.
Washington los considera miembros del Tren de Aragua, grupo al que declaró “organización terrorista” global. No aportó pruebas.
El 15 de marzo, James Boasberg, juez de una corte de distrito de Washington, suspendió temporalmente las deportaciones llevadas a cabo en nombre de la ley del siglo XVIII.
La administración recurrió y un panel de tres jueces de la corte de apelaciones escuchó este lunes los alegatos.
El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, dijo que la orden del juez “representa una intrusión sin precedentes y enorme en los poderes del brazo ejecutivo” e impide a Trump ejercer “sus poderes en materia de guerra y asuntos exteriores”.
Un argumento que a la jueza Patricia Millett no le pareció muy convincente. En su opinión el juez de primera instancia no pone en duda la autoridad presidencial sino que pide que los deportados puedan defender sus casos ante un tribunal.
Los abogados de varios de los venezolanos deportados aseguran que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, ni han cometido crimen alguno. Según su versión los han tomado como blanco por sus tatuajes.
“Los nazis recibieron mejor trato bajo la ley de enemigos extranjeros” porque tuvieron derecho a “audiencias” antes de ser deportados, sostuvo Millett.
“La gente en esos aviones ese sábado no tuvo la oportunidad de impugnar su remoción”, protestó.
En un documento de 37 páginas el juez de distrito confirmó la suspensión de las deportaciones en nombre de la ley del siglo XVIII.
Alega que, antes de ser expulsados, los demandantes deben poder impugnar individualmente ante los tribunales estadounidenses su pertenencia al Tren de Aragua.
Boasberg también hace hincapié en la aparente falta de transparencia de la administración Trump porque el decreto lleva fecha del 14 de marzo y se publicó al día siguiente, aproximadamente una hora antes de la vista judicial de emergencia.