El Tribunal consideró que el Ministerio Público se excedió en el tiempo
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales decretó la nulidad de gran parte del proceso donde se investigaba el presunto delito de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), a través de la compra de granos (arroz y menestras), al considerar que hubo un exceso de término por parte del Ministerio Público en la instrucción del expediente, informó el Órgano Judicial.
Entre los enjuiciados en esta causa, donde se investigaba la presunta lesión patrimonial al Estado por el orden de los $12.3 millones a través del PAN, estaban tres exministros de Estado, funcionarios del PAN y de otras entidades estatales vinculadas a supervisión y fiscalización, así como empresarios proveedores.
Luego de escuchar los alegatos finales de los últimos siete abogados en turno, y correrle traslado al Ministerio Público (MP) y a la querella particular para que se pronunciaran sobre los incidentes de nulidad anunciados durante la jornada, la presidenta del tribunal expuso que lo que procedía era declarar la nulidad a partir de la foja 8598 del tomo 15, lo que a su vez conlleva la nulidad de las providencias indagatorias posteriores a esa fecha, así como las medidas cautelares personales y reales aplicadas, además de la etapa de calificación del auto encausatorio.
El último día de la audiencia ordinaria del denominado caso PAN-Granos, se extendió por casi 12 horas y durante sus alegatos los siete abogados intervinientes cuestionaron lo actuado por el Ministerio Público al momento de ordenar las indagatorias de sus defendidos, con el argumento de que estas se dieron fuera del término de investigación, como lo establece el artículo 2033 del Código Judicial de Panamá, lo que a su criterio produjo una violación al debido proceso.
Al responder a los incidentes, y por una hora, el fiscal anticorrupción de descarga Ariel De Gracia, en representación del MP, validó la actuación de los agentes de instrucción que en su momento llevaron el proceso (agosto de 2014 a diciembre de 2015) y cuestionó lo que consideró la actitud silente que mantuvieron los abogados defensores en ese momento.
Por su parte, la querella particular, en nombre del Estado y representada por la abogada del Ministerio de la Presidencia Juana Pérez, manifestó compartir parte de lo expuesto por el MP. No obstante, y al citar el artículo 2033 –que establece que el sumario debe estar listo en cuatro meses a partir de su inicio, y que este plazo puede extenderse hasta por dos meses más si hay varios imputados o hechos punibles (todo lo anterior previa autorización del juez de la causa)– expuso ante la juez que “si se va a aplicar la justicia, debe ser bien y en derecho”.
La audiencia ordinaria por el caso PAN-Granos se inició el pasado 10 de marzo y 45 personas estaban llamadas a juicio. Durante tres semanas se presentaron pruebas documentales, testimoniales y periciales. Al momento de sus alegatos, el fiscal solicitó sentencia condenatoria para 25 personas por peculado doloso agravado, mientras que para otras 19 pidió una sentencia de absolución.
El Ministerio Público cuenta con un plazo perentorio, que corre a partir del lunes 31 de marzo, para adoptar sus actuaciones.