Exigen a la Asamblea Nacional y a todos los poderes a “respetar la Constitución y rechazar estas iniciativas que representan una burla a la lucha anticorrupción”
Más de 30 organizaciones de la sociedad civil expresaron este jueves su enérgico rechazo a los proyectos de ley de amnistía que “buscan beneficiar a políticos y empresarios implicados en presuntos delitos de corrupción”.
Dirigentes de las organizaciones civiles convocaron a una conferencia de prensa, en la que repudiaron las iniciativas de amnistía presentadas en la Asamblea Nacional (AN), porque consideran que “pretenden manipular las figuras legales de amnistía e indulto para otorgar impunidad a actores políticos y empresariales implicados en graves delitos de corrupción y crímenes comunes”.
Los gremios exigieron a la AN y a todos los poderes a “respetar la Constitución y rechazar estas iniciativas que representan una burla a la lucha anticorrupción y merman las esperanzas de millones de panameños que claman por una justicia real, transparente e igual para todos, sin fueros ni privilegios”.
Consideran que “tanto el proyecto de ley amnistía, rechazado en primer debate, el pasado 15 de abril, cuyo informe de minoría pretende ser presentado al pleno de la AN; así como el anteproyecto de ley de amnistía e indulto, agendado para prohijamiento este jueves en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, manipulan el concepto de “delito político” para reescribir la legalidad a conveniencia de quienes buscan eludir la justicia, desnaturalizando principios constitucionales, desafiando la jurisprudencia nacional y violando tratados internacionales suscritos por Panamá”.
Según estas organizaciones, estos proyectos “crean una camisa a la medida para blindar a quienes han saqueado los recursos públicos”.
Advierten que, de aprobarse esos proyectos, “desmantelarían los avances logrados en casos como Odebrecht, Blue Apple y New Business, comprometiendo la integridad del sistema de justicia y desmoralizando a una ciudadanía que exige justicia igual para todos”.
indican que se abriría así “un peligroso precedente, donde cualquier delito común podría excusarse bajo el disfraz de motivaciones políticas”.