El régimen de Maduro defiende a capa y espada la realización de comicios en el territorio de 160,000 kilómetros cuadrados que es objeto de litigio
La tensión se instala lentamente una vez más en Venezuela. El madurismo ha convocado a elecciones regionales y legislativas el próximo 25 de mayo y la oposición otra vez se ha dividido entre los partidos que decidieron competir, a pesar de la desventaja manifiesta que enfrentan. La contienda trae un añadido que amenaza con convertirse en un problema regional que provoca especiales resquemores en Brasil y Colombia, informó el medio español El Periódico.
El régimen de Nicolás Maduro defiende a capa y espada la realización de esos comicios en el Esequibo, un territorio de 160,000 kilómetros cuadrados que es objeto de un litigio con Guyana.
El oficialismo tiene como candidato a un militar: el almirante Neil Villamizar. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) pidió a Caracas abandonar a su propósito. El ministerio de Exteriores ratificó la decisión de llevar adelante su anuncio. La vicepresidenta Delcy Rodríguez reiteró este fin de semana que el Esequibo pertenece a Venezuela y hará valer allí “sus derechos históricos”.
La vicepresidencia no explicó cómo llevarían a cabo esos comicios y se limitó a lanzar las consignas oficiales. “En unión nacional, decimos cada mañana: el sol de Venezuela nace en el Esequibo”.
Acusó a Georgetown de evadir la legislación internacional y ejercer “muy bien su papel de capataz de la Exxon Mobil”. Guyana, remarcó, “es el continuismo del despojo histórico de sus amos coloniales sobre el territorio venezolano”.
El Esequibo representa el 70% de la superficie de Guyana y Venezuela la reclama alegando razones históricas y con un marcado interés en las riquezas territoriales: Petróleo, minerales ricos y madera. Caracas reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia con su vecino el Acuerdo de Ginebra que se suscribió en 1966 con la Corona Británica, antes de la independencia guyanesa, que establece bases para una solución negociada.
En el 2018, Guyana interpuso una demanda contra Caracas ante la CIJ para resolver la controversia y el tribunal se declaró competente para pronunciarse sobre la situación, contra las expectativas de la diplomacia venezolana.
A comienzos de diciembre del 2023, el madurismo llevó adelante una consulta popular que si bien tuvo una baja participación arrojó un resultado que el Palacio de Miraflores festejó ruidosamente.
Un 95% promedio de los ciudadanos respondió positivamente a las cinco preguntas formuladas a la ciudadanía, entre las que se incluyó un rechazo “por todos los medios, conforme al derecho” a la pretensión de Guyana “de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del Derecho Internacional”.
También se dijo “sí” a “la creación del estado Guyana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio”. El proyecto de “incorporación al mapa venezolano” de esa extensión territorial contempla “el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana” a sus habitantes.
El pasado marzo, y con las elecciones regionales venezolanas más cerca del horizonte, Guyana pidió a la CIJ emitir de forma “urgente” medidas cautelares para exigir a su vecino abstenerse de “celebrar elecciones en ninguna parte del territorio guyanés”, así como de “cualquier acción que pretende anexar” la zona en disputa. La semana pasada la CIJ reafirmó por unanimidad esas disposiciones favorables a Georgetown.
El texto del máximo tribunal de Naciones Unidas, reiterado días atrás, consigna que “en espera de una decisión definitiva sobre el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de celebrar elecciones o preparar elecciones en el territorio en disputa, que la República Cooperativa de Guyana administra actualmente y sobre el cual ejerce control”.
La diplomacia guyanesa se hizo eco de esos pronunciamientos, consideró que “ha prevalecido una vez más” su postura y pidió el “respeto pleno a la soberanía e integridad territorial”. Reiteró a su vez que no tiene intenciones de establecer “negociaciones bilaterales respecto a la demanda venezolana de nulidad del Laudo Arbitral de 1899 y, por extensión, su reclamación sobre casi dos tercios del territorio de Guyana”.