No hay una fecha definida para conocer los resultados de las averiguaciones ni si se emitirá una orden de arresto contra Maduro
El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), el senegalés Mame Mandiaye Niang, tiene en sus manos la decisión de emitir una orden de detención contra el dictador Nicolás Maduro, investigado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en el 2014, informo el diario El Nacional.
Eso significaría que se recabaron la información, los testimonios y las evidencias suficientes que confirman la existencia de un patrón sistemático de represión en el país, atribuible directamente a la cadena de mando que encabeza el líder socialista.
Así lo explicó la abogada Soranib Hernández, quien reveló que se entregaron al tribunal testimonios no solo de víctimas, sino también de victimarios, personas que estuvieron en los más altos niveles del régimen chavista y que declararon sobre el macroestructura represiva en Venezuela.
“Las fuentes entregaron información de muy alto nivel que evidencia que había un plan y una planificación de perseguir, castigar, reprimir y estigmatizar a la población civil”.
Esta semana, el fiscal Karim Khan se apartó oficialmente de su cargo mientras la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas investiga kas denuncias en suy contra por presunto acoso sexual.
Según Hernández, Mame Mandiaye Niang asumió el caso Venezuela el año pasado, cuando se conocieron esas acusaciones. Es decir, el proceso por las violaciones de derechos humanos en el país no se ha detenido.
Sin embargo, no hay una fecha definida para conocer los resultados de las averiguaciones ni si se emitirá una orden de arresto contra Maduro.
Es ese, explicó la abogada, uno de los obstáculos más grandes porque la corte no tiene plazos procesales definidos y el peso de la decisión ya recae sobre el fiscal, que tiene el monopolio de la acusación penal.
“Este fiscal adjunto tiene en su mano una oportunidad histórica y que, por su propio mérito profesional, pase a la historia como un fiscal que hizo lo que tenía que hacer. Está en manos de él que avance la investigación. Si no, tendrá una mancha en su expediente y definitivamente la Corte Penal Internacional perderá su credibilidad”, dijo.
Si eso sucede, advirtió la abogada, muchos Estados parte podrían salirse del tribunal y las pruebas comenzarían a perderse porque, mientras más tiempo pase -argumentó-, las víctimas dejarían de testificar por miedo, cuestionarían si realmente habrá justicia en el caso de Venezuela o si deberían seguir colaborando.
Incluso, señaló que hay víctimas de la represión que murieron o familiares que decidieron retirar sus declaraciones.
Hernández subrayó que el fiscal no comenzó con sus propios criterios y desde cero la investigación porque hay un avance y existen informaciones confiables y verificadas. Y rechazó cualquier idea de parcialización por la nacionalidad de Mandiaye.
“Él no está representando a Senegal, sino a un fiscal de una corte internacional. La Fiscalía de la CPI es un órgano independiente. Pero el criterio del fiscal debe ser que, si están todas las condiciones, puede avanzar con las órdenes de detención”.
Aunque muchos ciudadanos esperan que la CPI emita una orden de detención inmediata contra Maduro, ese eventual escenario no cambiaría por sí solo la realidad en Venezuela.
Para que tenga un efecto real, las fuerzas de seguridad internas deberían ejecutar la orden, o tendría que ocurrir una situación excepcional, como la que enfrentó el empresario colombiano Alex Saab, quien fue arrestado en Cabo Verde tras un aterrizaje de emergencia.
En su opinión, lo que se está haciendo es lo que está al alcance, en una lucha que describió como extremadamente difícil. Asimismo, insistió en que, ante la ausencia de justicia en Venezuela, se debe seguir apostando por instancias internacionales como la justicia universal y la CPI, ya que representan la única vía posible.