Las manifestaciones se intensifican con el apoyo de nuevos sectores y un llamado a la derogación total
Este viernes se cumple un mes desde el inicio de la huelga nacional impulsada por gremios magisteriales en rechazo a la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
Lejos de disminuir, las manifestaciones se intensifican con el apoyo de nuevos sectores y un llamado creciente a la derogación total de la normativa.
Desde distintos puntos del país, organizaciones de trabajadores, docentes y ahora también profesionales de la salud se suman a las movilizaciones.
El recién conformado Frente de Gremios de Profesionales, Técnicos y Administrativos del sector salud anunció una marcha para el próximo miércoles 28 de mayo, con salida desde el Parque Porras a las 4:00 p.m. hacia la Asamblea Nacional, donde entregarán un anteproyecto que busca revocar la ley.
En paralelo, los docentes organizados en la Asociación de Profesores de Panamá (ASOPROF) también anunciaron una marcha nacional para hoy, 23 de mayo, a partir de las 4:00 p.m., que partirá desde el Parque Urracá hacia la Presidencia de la República, exigiendo la anulación de la ley.
Mientras tanto, en Veraguas, los miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) continúan manifestándose activamente a través de redes sociales, manteniendo su respaldo a la huelga y las acciones de calle.
En la provincia de Chiriquí, particularmente desde Las Lomas, en David, dirigentes comunitarios denunciaron represión policial durante una manifestación en el cruce de Horconcitos, que resultó en múltiples detenciones esta semana.
Por su parte, integrantes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) realizaron un piqueteo frente a la Asamblea de Diputados, en protesta por la aprobación de la ley en ese recinto.
Aunque el Gobierno ha defendido la Ley 462 como un paso necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, los gremios sostienen que no hubo suficiente consulta ciudadana y que las medidas perjudican directamente a los trabajadores.