El trato infligido por el Estado constituye una forma de tortura y representa una vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha concluido que el Estado de Guatemala es responsable de violaciones graves a los derechos humanos de niñas y adolescentes, al obligarlas a continuar embarazos forzados tras ser víctimas de violación sexual, informó la agencia Europa Press.
Según el comunicado del comité, el trato infligido por el Estado constituye una forma de tortura y representa una vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, la salud y la autonomía reproductiva.
Ninguna niña debería ser obligada a llevar en su vientre al hijo de su violador. Hacerlo le arrebata su dignidad, su futuro y sus derechos más fundamentales”, denunció Hélène Tigroudja, integrante del comité.
El caso evaluado involucra a una niña de 14 años violada repetidamente por un exdirector de la guardería pública que había frecuentado de pequeña.
Aunque la familia presentó una denuncia, el agresor logró evadir la justicia durante nueve años, ejerciendo presiones, sobornos y amenazas, durante todo ese tiempo, la menor fue revictimizada por un sistema judicial ineficaz y un entorno social que la estigmatizó como una niña sexualizada.
A pesar de que el Código Penal guatemalteco permite el aborto cuando la vida de la madre corre riesgo, en la práctica las barreras legales, sociales y médicas lo hacen casi inaccesible, incluso en los casos más extremos.
El Comité fue enfático al señalar que la falta de acción por parte del Estado no es neutral, y que su inacción en estos casos equivale a una revictimización institucionalizada.
Se trataría, según Tigroudja, de una grave violación de los Derechos Humanos que afecta de forma desproporcionada a niñas pobres, indígenas o en situación de vulnerabilidad.
El comité instó al gobierno guatemalteco a reconocer públicamente su responsabilidad en este caso y a establecer un sistema nacional de registro y monitoreo de casos de violación y maternidad forzada en niñas y adolescentes, como paso esencial para erradicar esta práctica.